Washington D.C. – El anuncio realizado por la Suprema Corte el 23 de junio, destruyó la esperanza de más de 5 millones de padres y madres indocumentadas. El voto de la Suprema Corte quedó dividido en un empate de 4-4, lo que significa que no pudo ser revocada la decisión tomada por el tribunal de primera instancia, que impedía la implementación de los programas DAPA (Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres) y la expansión de DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia).

Los programas de DAPA y DACA fueron el resultado de la movilización de los DREAmers y activistas por los derechos de los inmigrantes y sus demandas contra las deportaciones. El presidente Obama, quien había dicho anteriormente que no tenía el poder para evitar aún más las deportaciones, tuvo que ceder en el 2014 ante la presión de las protestas, ya que el control republicano del congreso se oponía y obstruía cualquier propuesta de ley. El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, junto a otros 25 gobiernos de estados republicanos, introdujeron una demanda en las cortes federales y persuadieron al tribunal de primera instancia para bloquear la implementación de estos programas.

El programa de DAPA hubiera ampliado la acción diferida para incluir a los padres indocumentados de hijos ciudadanos nacidos en los EE.UU., otorgándole protección temporal de deportación y el derecho a trabajar legalmente. El programa de DAPA y la expansión de DACA, hubieran beneficiado alrededor de 5 millones de personas o un poco menos de la mitad de los 10 millones de inmigrantes indocumentados actualmente en los EE.UU.

La gran mayoría de los inmigrantes indocumentados provienen de México y Centro América. Huyendo de la violencia del crimen organizado y de la represión gubernamental que sufren en sus países, al llegar a los EE.UU. son confrontados por más violencia, represión gubernamental, y explotación y discriminación racista. Los llamados Minutemen (grupo paramilitar), derechistas como Donald Trump, impulsan el fervor anti-inmigrante y promueven más ataques contra los indocumentados – incluyendo la construcción de otro muro en la frontera de México y EE.UU.

El activista Santiago Molina de Tucson, Arizona, dijo que “esta decisión confirma la necesidad de unificar los movimientos populares con la demanda por la legalización de los 11 millones. Tanto las cortes, los políticos de derecha, que son los voceros de las corporaciones que explotan a los indocumentados, como el presidente Obama, han incumplido con la comunidad de inmigrantes. Este gobierno está en las manos de una clase dominante y eso significa rechazo, retraso, deportaciones y muertes para los trabajadores indocumentados y sus familias.”

La Red de Legalización para Todos (L4A) apoya manifestaciones contra la decisión de la Suprema Corte que bloquea la implementación de DAPA. L4A es una red compuesta por organizaciones y personas alrededor del país que promueven la legalización para todos; un alto a las deportaciones; no más programas braceros (blue visas); y no más militarización de la frontera. L4A rechaza la decisión de la Corte Suprema y frente a estas malas noticas exhorta continuar luchando contra las deportaciones y por la legalización de todos!

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