Santa Ana, CA – El martes 21 de abril, los residentes del parque de casas móviles Coach Royal exigieron que Kingsley Management Corporation se retire de su parque. La Organización de Servicio Comunitario del Condado de Orange (CSO OC) se unió a ellos para exigir que el Concejo Municipal intervenga ante años de acoso, desalojos injustos, robo de viviendas e intimidación por parte de la corporación. Este abuso resultó en el suicidio de la residente María Pedraza, cuya vivienda estaba en proceso de serle arrebatada después de años de sacrificios para comprarla.

Karla Alvarado, una de las residentes a quien le robaron su vivienda, declaró: “La ciudad de Santa Ana ya se ha reunido con 45 residentes que pueden dar testimonio de esto. 45 residentes y contando. Hemos hablado con personas de múltiples parques. Las historias son iguales, las tácticas son iguales y los resultados también. Esa es la definición de un problema sistémico.”

Lupe Barragán, residente y organizadora, miró y señaló directamente a cada miembro del concejo mientras hablaba. “¡Necesitan responder! Phil Bacerra, tú trataste de intimidarnos cuando fuimos a tu oficina. Tú, Jonathan Hernández, necesitamos que nos respondas también. Fuiste y nos apoyaste, y necesitamos más de tu apoyo. City Manager, necesitamos de tu ayuda. Valerie Amezcua, sé que mi presencia no te agrada, pero nos dijiste que ibas a sacar las armas grandes. ¡Te estamos esperando!” Mientras se retiraba, la alcaldesa Amezcua se río de ella. Barragán se dio la vuelta, señaló a Amezcua y la reprendió por su falta de respeto.

Sylvia Ayala, otra residente, le dijo al consejo: “Tengo 40 años aquí y nunca he recibido alguna ayuda de ustedes. Porque ustedes no se preocupan por el pueblo; ustedes se preocupan por ustedes mismos. Trabajan, ciertamente. Pero nosotros tenemos que trabajar todavía más que ustedes. Las humillaciones que nos hacen los que tienen dinero no son justas.”

Mientras los residentes hablaban, miembros de CSO OC y residentes desplegaron una pancarta que decía: “¡Kingsley fuera!”. La cámara comenzó a cambiar de ángulo con frecuencia para evitar mostrar la pancarta en la pantalla. En un momento dado, cuatro agentes de la policía de Santa Ana se acercaron a los organizadores y les indicaron que debían trasladarse a la parte trasera si iban a sostener una pancarta, a pesar de que nadie se había quejado de tener la visibilidad obstruida.

Cuando Rain Mendoza, de CSO OC, subió para hablar durante el turno de comentarios públicos, primero alzó la pancarta y le dijo al consejo que la mirara y la mostrara ante las cámaras.

Mendoza respondió a la frecuente postura del consejo de que no pueden hacer nada porque el parque es propiedad privada, diciendo: “Ustedes demandaron a El Centro Cultural de México, un pilar de esta comunidad, para así poder utilizar a sus policías para tirar a la basura las pertenencias de las personas sin hogar y expulsarlas de un lugar donde los propietarios privados les habían permitido permanecer. Entonces, ¿pueden hacer todo eso y utilizar los tribunales, la policía y todos sus recursos para aterrorizar a una comunidad sumamente vulnerable, pero no pueden mover un solo dedo cuando hay una empresa que opera en Santa Ana y que actúa como una banda de matones? ¡Debería darles vergüenza!”

Diana Terreros, de CSO OC, recordó al consejo que los residentes de Coach Royal son, en su mayoría, inmigrantes de clase trabajadora quienes sus hogares constituyen su refugio durante la administración Trump. Terreros declaró: “Las acciones de Kingsley van en contra del espíritu de toda la ordenanza de ciudad santuario. Están explotando el miedo de los inmigrantes en Santa Ana. Esperan que ese miedo sea suficiente para obligar a los residentes a mantener la cabeza baja y la boca cerrada. Están explotando a esta comunidad y su temor para aumentar sus ganancias, robándoles sus hogares. Se trata de una corporación multimillonaria de Utah. ¿Por qué permitimos que exploten a Santa Ana de esta manera?”

Otro miembro de CSO OC resumió los cientos de miles de dólares que los grupos que representan a los propietarios de parques de casas móviles han donado en contra de la campaña a favor de la Ordenanza de Estabilización de Alquileres y Desalojo por Causa Justa, la cual fue aprobada en octubre de 2021. También han realizado donaciones a las campañas de los miembros del concejo. Él preguntó a los concejales: “¿Es esto lo que influye en sus frecuentes respuestas de que no hay nada que puedan hacer para hacer cumplir la ley ante lo que ustedes saben que son actos injustos e ilegales cometidos por Kingsley contra los residentes de Coach Royal?”

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