Santa Ana: Los residentes de Coach Royal luchan contra Kingsley
Santa Ana, CA – En la mañana del 29 de abril, gritos de “¡Fuera Kingsley!” resonaron afuera de la sala donde se reunía la División de Estabilización de Alquileres (RSD, por sus siglas en inglés). Los residentes del parque de casas móviles Coach Royal, junto con miembros de la Organización de Servicio Comunitario del Condado de Orange (CSO OC), tuvieron una conferencia de prensa antes de una audiencia con la RSD. Desde hace años, los residentes han sufrido abusos y acoso por parte de Kingsley Management Corporation, los propietarios del parque.
Kingsley ha tomado represalias, mediante desalojos injustos, contra aquellos residentes que se alzan en contra de su abuso de poder. La RSD tenía programado escuchar 18 peticiones relacionadas con estos desalojos injustos.
“¡Si gana Kingsley, pierden los inmigrantes!”, gritó Karla Alvarado, antes de dar inicio al evento con un emotivo testimonio. “He sido residente durante 28 años y fui desalojada; no por mala conducta ni por deber renta, sino porque quieren demostrarnos que se nos castiga por alzar la voz”.
Alvarado exigió justicia para todos los residentes que han sido desalojados mediante tácticas coercitivas y engañosas, declarando, “¡Queremos justicia en nuestra ciudad; nuestra gente está sufriendo! Kingsley les entrega a los residentes que hablan español documentos en inglés y, además, los presiona para que firmen bajo coacción. ¡Esto tiene que parar!”
Guadalupe Barragán, residente y activista de larga trayectoria en la defensa de los derechos de los inquilinos, tomó el micrófono para expresar sus demandas. “Lo que queremos hacer esta mañana es pedirles, nuevamente, pedirles al gobierno de la ciudad que nos ayuden, ya que hemos sido acosados, amenazados, abusados, robados, inclusive habido muertes en el parque de Kingsley. ¡Queremos que los funcionarios de la ciudad de Santa Ana nos ayuden a sacar a la corporación Kingsley!”.
El residente Julián Orozco compartió su experiencia con las tácticas de intimidación de Kingsley: “Se suponía que iba a recibir el título de mi casa después de cumplir el contrato y enviarles un giro postal de $300. Una semana después me dijeron que había sido un error e intentaron hacer un contrato adicional por otros tres o cuatro años. Querían que lo firmara para que pagara más. Rob McDonald (personal de Kingsley) se presentó en mi casa queriendo intimidarme para que firmara los papeles”.
Un miembro de CSO OC cerró la conferencia de prensa exigiendo la salida de Kingsley y solicitando la ayuda de los funcionarios gubernamentales para detener este abuso sistemático. Exigió justicia para Maria Pedraza, una ex residente de Coach Royal que se quitó la vida a consecuencia de los abusos sufridos a manos de Kingsley.
Mientras los residentes entraban al edificio para dar comienzo a la audiencia, los miembros de CSO OC continuaron gritando, “¡Fuera Kingsley! ¡Si gana Kingsley, el pueblo pierde!”.
Una vez dentro, el abogado de Kingsley, Ariel Badell, solicitó que se retirara de la sala los simpatizantes de los residentes, incluidos miembros de CSO OC, CHISPA, Clergy and Laity United for Economic Justice (C.L.U.E.) y Tenants United Anaheim (TUA). Dos funcionarios municipales se pusieron del lado de Kingsley. Tras la oposición de los simpatizantes, quienes citaron la Ordenanza de Estabilización de Alquileres, se determinó que los testigos tenían el derecho legal de estar presentes en la sala, por lo que permanecieron sentados.
Mientras se desarrollaba esta situación, llegaron vehículos del Departamento de Seguridad Nacional a la entrada del edificio. Se desconoce quién realizó la llamada, pero tanto los residentes como sus simpatizantes consideraron que se trataba de una táctica de intimidación, dado que muchos de los residentes son inmigrantes.
Al dar comienzo la audiencia, no ofrecieron servicios de interpretación a los peticionarios, a pesar de que muchos de los residentes eran hablantes monolingües de español. Los simpatizantes presentes solicitaron a los funcionarios municipales que facilitaran servicios de interpretación. El equipo legal de Kingsley se negó a proporcionar servicios de interpretación para su equipo, argumentando, Badell declaró que “legalmente no están obligados a ofrecer servicios de interpretación”. Los simpatizantes continuaron abogando por los peticionarios y exigieron que se les brindaran servicios de interpretación hasta que los funcionarios de la ciudad finalmente aceptaron.
Más tarde, cuando un concejal y una reportera intentaron observar la audiencia, el equipo de Badell intentó expulsar al funcionario y a los medios de comunicación. Ella amenazó con demandar a la ciudad por su participación y afirmó que la audiencia se estaba “convirtiendo en un circo”. Después de revisar las políticas y procedimientos de la audiencia de peticiones, los funcionarios municipales determinaron que, en efecto, la reportera y el funcionario electo tenían permitido estar presentes en la audiencia.
En general, los funcionarios de la ciudad de Santa Ana permitieron inicialmente que el equipo de Kingsley Management Corporation intentara impedir que los peticionarios ejercieran sus derechos durante la audiencia, como el acceso a servicios de interpretación, la presencia de testigos y el ingreso de observadores a la sala de audiencias.
La ciudad de Santa Ana se mantiene cómplice de las prácticas abusivas de Kingsley Management Corporation de atropellar las audiencias y las negociaciones de acuerdos de los residentes de Coach Royal. Solo se escucharon ocho de las 18 peticiones presentadas. Los residentes de Coach Royal recibirán el veredicto de sus audiencias en 30 días.