Traducción por Edward C. Tolentino

Jacksonville, FL – El 8 de diciembre, el presidente electo Donald Trump informó que había seleccionado a Andy Puzder como secretario de trabajo. Puzder es el director general de CKE Restaurants, la compañía matriz de varias cadenas nacionales de restaurantes como Hardees y Carl’s Jr.

Si es confirmado por el senado, Puzder estará a la cabeza del departamento de trabajo, el cual determina el salario y el estándar de horas, controla el seguro de desempleo y hace cumplir las leyes laborales de los EE.UU.

Durante su campaña electoral, Trump criticó los tratados de libre comercio como NAFTA y el propuesto Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP por sus siglas en inglés), proyectándose aparentemente como un candidato antisistema. Este mensaje populista fue bien recibido por un sector de los trabajadores blancos en los estados centro-occidentales del país como Michigan y Ohio.

Lejos de oponerse a los grandes empresarios, Trump se prepara para iniciar una ofensiva contra la clase trabajadora por parte de las corporaciones norteamericanas. Desde antes a su inauguración del 20 de enero del 2017, Trump ya habia hecho las paces con los bancos y los capitalistas monopolistas que había criticado durante su campaña. El gabinete organizado por Trump contiene más multimillonarios que cualquier otra previa administración. En vez de gobernar a través de políticos leales y lacayos burocráticos, en la administración de Trump es el 1% que directamente tiene el poder, con ciertas corporaciones y bancos (Exxon, Mobil, Goldman Sachs) a la cabeza.

El gabinete de Trump señala el inicio de una gran ofensiva empresarial por parte del gobierno contra los sindicatos, contratos colectivos y derechos laborales. Mientras que los sindicatos se encuentran en las condiciones más débil de las últimas décadas, las empresas esperan darle un golpe mortal a los sindicatos que aun quedan y revertir las protecciones alcanzadas por el movimiento obrero. Los próximos cuatro años prometen una lucha de clases entre los empresarios y trabajadores, una lucha para la cual los sindicatos no están preparados. Para derrotar la ofensiva de Trump, el movimiento obrero debe volver a utilizar rápidamente las herramientas de lucha con las que resistieron y ganaron en el pasado.

Primer golpe: el fraude de la empresa Carrier y la política de intercambio

Trump seleccionó a Puzder como su secretario de trabajo justamente unos días después de haber publicado una serie de ataques anti-obrero por twitter. Los líderes del sindicato United Steelworkers 1999 (USW por sus siglas en inglés), que representa a los trabajadores de las fábricas de la compañía Carrier en Indiana, fueron criticados por Trump luego de haber concluido públicamente un acuerdo entre el presidente electo y los gerentes de Carrier.

Trump se reunió con los gerentes de Carrier sobre las intenciones de la empresa de subcontratar a México las lucrativas fábricas de Indiana, buscando menores costos de producción y mayores ganancias. A cambio de una serie de recortes fiscales corporativos, valorados en un total de 6 millones de dólares, la compañía supuestamente acordó mantener algunas de sus fábricas en los EE.UU. De acuerdo con Trump, este acuerdo logro mantener 1100 puestos de trabajo en los EE.UU. que iban a ser relocalizados al exterior.

Luego su realización, el acuerdo reveló que solo se mantendrían 800 empleos en los EE.UU., dejando a 600 trabajadores desempleados. El presidente del sindicato USW 1999, Chuck Jones, criticó a Trump por no haber incluido al sindicato en las negociaciones y por haber exagerado el número de empleos asegurados por el acuerdo.

Trump respondió por twitter con un deplorable ataque contra el sindicato y su presidente Chuck Jones. Culpando al sindicato por la subcontratación al extranjero, el presidente electo Trump dijo “Si el USW 1999 fuera buen sindicato entonces la compañía hubiera mantenido esos empleos en Indiana”. Luego Trump también señalo que el presidente del sindicato Chuck Jones había hecho un “terrible trabajo representando a los trabajadores”.

Aunque estos tweets parecen inmaduros e insignificantes, de hecho, muestran un cambio drástico en el trato público del presidente electo hacia el movimiento obrero. Durante su campaña Trump atacó a los líderes sindicales por apoyar a Hillary Clinton, sin embargo, se mantuvo alejado de la retórica abiertamente anti-sindical utilizada por otros candidatos republicanos como Scott Walker y Marco Rubio. Su objetivo era obvio: dividir a un gran porcentaje de los sindicalistas que apoyaban a Clinton. Una vez concluidas las elecciones, Trump rápidamente abandonó estas pretensiones, atacando y culpando al sindicato USW 1999 por la pérdida de trabajos industriales.

La campaña de Trump estuvo fuertemente contra las subcontrataciones corporativas al extranjero y prometió repetidamente traer de regreso a los EE.UU. los trabajos industriales. Sin embargo, la selección a su gabinete del multimillonario y defensor de los tratados de libre comercio Wilbur Ross, indica que Trump no tiene ninguna intención de eliminar los tratados de libre comercio como NAFTA. Queda claro que Trump acusará a los sindicatos, el incremento salarial y las leyes laborales por haber supuestamente elevado los costos de producción industriales para las corporaciones norteamericanas.

El Departamento de Trabajo como un arma

Hasta ahora, los secretarios de gabinete elegidos por Trump promueven una posición sumamente contraria a la que cada departamento o agencia definida como su objetivo y propósito. Por ejemplo, el Gobernador de Texas Rick Perry, títere la industria petrolera y seleccionado por Trump para la Secretaria de Energía, propuso en el 2012 la eliminación de dicho departamento. Similarmente, Scott Pruitt, quien niega la realidad del cambio climático, fue nominado por Trump para liderar la Agencia de Protección del Medio Ambiente. De igual modo, para Secretario de Viviendas y Desarrollo Urbano, Trump nominó a Ben Carson, gran opositor de las viviendas públicas para las personas pobres y trabajadoras, con ninguna experiencia en la administración pública.

La selección de Trump para Secretario de Trabajo, Andrew Puzder, sigue este mismo patrón. Como ejecutivo de una de las más grandes corporaciones de comida rápida y enemigo de los sindicatos, ha estado frecuentemente en conflicto con el departamento que ahora quiere dirigir.

Como director general de la empresa CKE Restaurants, la seguridad en los centros de trabajo nunca fue prioridad para Puzder. Durante su gerencia, el Departamento de Trabajo emitió 98 violaciones de seguridad contra la empresa CKE Restaurants y sus subsidiarios (a través de la Administración de Seguridad y Salud – OSHA por sus siglas en ingles), dentro de las cuales 36 de ellas representaban graves peligros para la seguridad física de trabajadores. La clase empresarial siempre ha querido eliminar A OSHA, ya que esta permite que los trabajadores reporten de forma anónima riesgos laborales al Departamento de Trabajo, violaciones que son sancionadas con grandes multas. Ya que Puzder tendrá el poder para controlar las investigaciones y aplicaciones de las regulaciones laborales a través de OSHA, las empresas podrán acumular más ganancias a costa de la salud y seguridad de los trabajadores.

El robo de salario es bastante común en la industria de comida rápida, y la empresa CKE Restaurants bajo Puzder no fue excepción. El Departamento de Trabajo realizó varias investigaciones sobre robo de salarios reportados por trabajadores de dicha empresa, y la mayoría de los casos terminaron en multas para la empresa y acuerdos e indemnización para los trabajadores. En el 2007, una investigación encontró que la compañía Hardee’s Food System Inc, parte de la empresa CKE Restaurants, le había retenido ilegalmente las horas extras a más de 450 trabajadores y estuvo obligada a pagar $58,000.

Los empresarios estarán impunes frente al Secretario de Trabajo de la administración de Trump. Las investigaciones de robo de salario serán cada vez menos, mientras que Puzder reduce la capacidad del Departamento de Trabajo, el cual ya sufre de falta de personal. Puzder también ha prometido eliminar la protección laboral de horas extras, expandida bajo la presidencia de Obama, creando así las condiciones para mayor explotación e incrementar las ganancias.

Trump declara guerra contra la lucha por un sueldo mínimo de $15

En los últimos cuatro años, los trabajadores de la industria de comida rápida como los de CKE Restaurants, han estado luchando alrededor de todo el país por un sueldo mínimo de $15 ($15Now) y representación sindical. Utilizando una combinación de protestas y huelgas de un día, la campaña de $15 Now ha sido victoriosa en ciudades como Seattle, Los Ángeles y New York, donde los gobiernos locales han acordado aumentar el sueldo mínimo de algunos trabajadores a $15 la hora. Estos esfuerzos, apoyados mayormente por el sindicato SEIU, se han concentrado en la industria de comida rápida, donde corporaciones como CKE Restaurants alcanzan obscenas ganancias explotando una fuerza laboral no sindicalizada y con bajo salarios.

Al elegir a un empresario para ser secretario del Departamento de Trabajo, Trump le declare la guerra al movimiento $15 Now. La oposición abiertamente de Puzder de incrementar el salario mínimo, actualmente $7.25 por hora, lo coloca en la misma posición que Trump, quien dice que los salarios de los trabajadores en los EE.UU. “están muy altos”.

El “derecho al trabajo” a nivel nacional: remate anti-sindical de Trump

La legislación nacional de leyes de “derecho al trabajo” está en el centro de esta nueva ofensiva empresarial contra los sindicatos.

Las leyes de “derecho al trabajo” obligan a los sindicatos a representar a los trabajadores que se rehúsen a unirse al sindicato y pagar cuotas. Estas leyes disuaden a los trabajadores a unirse a los sindicatos, ya que reciben beneficios sindicales paguen o no paguen las cuotas. El efecto de estas leyes es drenar los recursos sindicales que se utilizan para representar a trabajadores no miembros y debilitar su posición en la mesa de negociaciones frente a los empresarios.

Las leyes de “derecho al trabajo” aparecieron en 1948, cuando una coalición de demócratas y republicanos aprobaron la ley Taft-Hartley Act en nombre de los empresarios. Esta devastadora legislación ilegalizó las huelgas de solidaridad, restringió las actividades sindicales y permitió que los estados pudieran aprobar las llamadas leyes de “derecho al trabajo”. Desde entonces, 26 estados han decretado leyes de “derecho al trabajo”. Las estadísticas del Buro de Trabajo indican que los trabajadores en estos estados ganan alrededor de $6,000 menos por año que los estados en donde todos los trabajadores sindicalizados pagan cuotas.

Después que las elecciones del 2010 instalaron en el poder a gobernadores del Tea Party, los empresarios pudieron imponer leyes de “derecho al trabajo” en estados que históricamente fueron pro-sindicatos como Michigan, Indiana y Wisconsin. Sin embargo, desde entonces los sindicatos también han podido derrotar esfuerzos similares en estados como Missouri, West Virginia y Virginia. De igual modo, han fracasado los intentos de introducir leyes de “derecho al trabajo” en los estados que más favorecen a los sindicatos como California, New York e Illinois.

Con el número de trabajadores sindicalizados más bajo desde la gran depresión, los empresarios esperan poder romper con los sindicatos, promoviendo nacionalmente las leyes de “derecho al trabajo”. En el 2015, el congresista republicano Steve King de Iowa y el Senador Rand Paul de Kentucky introdujeron el acta nacional de derecho al trabajo en las dos camaradas del congreso, sin embargo, no tuvieron éxito debido a un esperado veto del presidente Obama. Trump es un fiel partidario de las leyes de “derecho al trabajo”, y junto a un congreso controlado por los republicanos, esto les permitirá a los empresarios poder realizar sus perversos sueños.

El apoyo por leyes nacionales de “derecho de trabajo”, junto a otras leyes anti-sindicales como el Acta de Reforma Laboral (Employee Reform Act), por parte del gabinete de Trump va más allá de Puzder. La multimillonaria Betsy DeVos, seleccionada por Trump para Secretaria de Educación, fue la financiera principal de la ley de “derecho al trabajo” de Michigan en el 2012. Betsy DeVos es la nuera de Richard DeVos, el fundador de Amway, quien acumuló su fortuna estafando a personas pobres y trabajadoras con negocios piramidales de “mercadeo multinivel”.

DeVos impulso la ley de “derecho al trabajo” en Michigan bajo el disfraz de “reforma educacional”, dirigida a debilitar los sindicatos de profesores y transformar las escuelas públicas en escuelas subvencionadas (Charter Schools). Como Secretaria de Educación, DeVos puede influenciar la política nacional de educación contra los sindicatos de profesores y contra el movimiento obrero en general.

La lucha del movimiento obrero

El peligro que representa Trump nos recuerda a otro presidente estadounidense que dirigió ataques empresariales masivos contra el movimiento obrero: Ronald Reagan. Reagan llego al poder en 1980 con el completo respaldo de los bancos, los multimillonarios y las corporaciones. Después de la crisis y estancamiento económico de la década de los setenta, los sectores empresariales deseaban desesperadamente incrementar sus ganancias y para esto veían al sector obrero como su mayor obstáculo. El presidente Reagan inicio sus ataques en 1981 rompiendo la huelga de la Organización de Profesionales de Control Aéreo (PATCO por sus siglas en ingles). Este hecho le confirmo a los empresarios que el gobierno federal apoyaría sus campañas para retroceder los salarios y beneficios alcanzados por los trabajadores.

Desafortunadamente, el movimiento obrero se encuentra hoy en una posición mucho más débil que en la época de Reagan. En el 2015, la membresía sindical alcanzó sus niveles más bajos desde la segunda guerra mundial, descendiendo al 11.1% (14.7 millones). De igual forma, el sector privado ha experimentado una baja aún más drástica, del 16.5% en 1983 a 6.7% en 2015.

Sin embargo, la crisis a la que se enfrenta el movimiento obrero va más allá del porcentaje de su membresía. Hoy en día, la mayoría de los líderes sindicales han abandonado el arma de la huelga como táctica de lucha. Solamente 12 interrupciones de trabajo, involucrando un total de 47,000 trabajadores, ocurrieron en los EE.UU. en el 2015. En comparación, en 1981, el mismo año que Reagan rompió la huelga de PATCO, hubieron 145 interrupciones que involucraron a 729,000 trabajadores alrededor de todo el país.

En vez de luchar contra los empresarios y a favor del poder obrero en las áreas de trabajo, los líderes sindicales han favorecido la colaboración con los gerentes. Ya que esta estrategia rara vez produce mejores contratos, estos líderes han utilizado el dinero, tiempo, energía y reputación de los sindicatos para apoyar a políticos mayormente demócratas, esperando que estos aprueben legislación a favor de los trabajadores. Dicho de forma simple, en el 2016 esta estrategia se ha desmoronado.

Si el movimiento obrero continua la misma fracasada política de lucha, la ofensiva de Trump tiene el potencial de arruinar a los sindicatos y a todo el movimiento obrero. Es precisamente bajo la presidencia de Trump y de su gabinete multimillonario que la clase empresarial espera poder eliminar una vez por todas a los sindicatos. Ya es hora de que el movimiento obrero de los EE.UU. reclame su histórico legado con huelgas que resistan militantemente e interrumpan la producción.

Traducción por Edward C. Tolentino

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