El 25 de noviembre, el presidente electo Donald Trump anunció su nominación de Pam Bondi para fiscal general de los Estados Unidos. Bondi, de Tampa, es la antigua fiscal general para el estado de Florida. Si es confirmada, ella dirigiría el Departamento de Justicia (DOJ), que supervisa agencias como el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la (Administración de Control de Drogas) DEA.

“El cargo más importante después del presidente de los Estados Unidos en la próxima administración, no soy yo. Es a quién seleccionemos como fiscal general,” dijo el vicepresidente electo JD Vance, en una entrevista con la National Public Radio.

Esta candidatura marca dos cambios importantes. Primero, el gobierno estadounidense está tan polarizado que un DOJ de Trump no hará ningún intento de parecer justicia ciega, por encima de políticas partidarias. Segundo, Trump quiere aprovechar los poderes federales para pisotear el derecho a reunirse.

Bondi: Una títere corrupta

Él anunció su decisión pocas horas después de que su anterior candidato, el representante federal Matt Gaetz, renunciara. Trump escogió a Gaetz por su lealtad política, pero tuvo que abandonarlo porque el congresista enfrentaba una investigación federal por tráfico sexual. Bondi claramente estaba en la lista corta de Trump. Ya se predice que ella tendrá un camino más fácil para ser confirmada, considerando su experiencia en la fiscalía.

Esta administración entrante tiene a los antiguos fiscales generales Jeff Sessions y William Barr en el retrovisor. Ambos cayeron en desgracia con Trump por romper filas cuando él estuvo bajo investigación. Bondi, por otro lado, tiene una historia comprobada de dedicación.

Su lealtad data de 2013, cuando su oficina de repente dio marcha atrás a investigar la Universidad Trump. A los pocos días de este cambio de postura, un comité de acción política apoyando la campaña de reelección de Bondi recibió una contribución de $25,000 de la Fundación Donald J. Trump. En 2016, Bondi apareció en una manifestación por Trump. En 2020, sirvió en su equipo legal durante su primer juicio político. Ella se unió a los gritos de “detener el robo” cuando Trump perdió la elección de ese año. En mayo de 2023, ella apareció en su juicio criminal.

Como fiscal general de Florida, Bondi se opuso al matrimonio gay y se unió a una demanda contra la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio. Su tiempo en el sector privado incluyó hacer cabildeo para Amazon y Uber. Actualmente preside los brazos legales del America First Policy Institute, un centro de estudios pro-Trump.

En un artículo reciente del Daily Caller, los antiguos empleados de Bondi insinúan que su DOJ exoneraría a Trump y enjuiciaría a oponentes en el Partido Demócrata.

Lista para criminalizar las protestas

Bondi llego a los titulares después de su entrevista con Newsmax en octubre 2023 sobre los activistas estudiantiles. “Francamente, necesitan ser sacados de nuestro país, o el FBI debería entrevistarlos de inmediato cuando dicen ‘Apoyo a Hamas. Soy Hamas,’” dijo.

Eso es peligroso, porque las cortes del DOJ son responsables de escuchar casos de deportación. Las condenas por “delitos que impliquen depravación moral” son motivo para la deportación bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad, incluso para residentes permanentes y los titulares de visas. Estos pueden incluir delitos menores, como crímenes de odio (a menudo interpretados para incluir el anti-sionismo), acoso, y otros cargos injustamente usados contra manifestantes. Hay defensas legales potenciales, dependiendo del caso.

Además de esto, Bondi declaró que el FBI debería investigar manifestantes. Esto va más allá de cualquier cosa que Trump ha dicho en público. También representaría una clara violación de los derechos de la Primera Enmienda.

Más allá de estas declaraciones sobre la solidaridad con Palestina, ella ha elaborado planes para reprimir el Movimiento por la Liberación Negra.

Menos de una semana después de que Trump ganara la elección de este año, el ala de Bondi del America First Policy Institute publicó un reporte sobre protestas en Portland, Oregón durante la rebelión por George Floyd y Breonna Taylor. El informe promete un “enfoque de América primero a la violencia liberal.”

El momento no podría enviar una señal más clara de que la candidata a fiscal general está espumando en la boca por la represión racista y política. La elección de la ciudad para el reporte también es significativa. Portland es donde agentes federales sin identificación se llevaron a personas de las calles en 2020.

Por ahora, una ley de 2021 exige que oficiales federales lleven una identificación visible mientras realizan control de multitudes. Las organizaciones del movimiento ganaron esto después del levantamiento en Portland.

El reporte también culpa a los “fiscales progresistas renegados” por retirar los cargos contra “más del 90%” de los manifestantes de Portland, indicando la voluntad de Bondi de maximizar las acusaciones contra activistas.

Dicho esto, Bondi comparte su ciudad de origen con las 5 de Tampa. Estas cinco mujeres enfrentaron cargos de delito mayor inventados por protestar ataques contra la diversidad en la educación, pero vencieron todos los cargos. Como ellas, los manifestantes en solidaridad con Palestina de costa a costa han resistido en la corte y varias veces han ganado. Las estrategias más exitosas para luchar en contra se basan en abogados defensores agresivos y campañas de apoyo público. Entre más intensa sea la batalla contra la injusticia, más mostrará este sistema su putrefacción.

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