Santa Ana, CA – El viernes, 17 de julio, varios miembros de la Organización de Servicio Comunitario del Condado de Orange (CSO OC) entregaron una petición en el Tribunal de Inmigración de Santa Ana. En mayo de 2025, este tribunal fue uno de los primeros lugares donde el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) comenzó a arrestar personas. Desde entonces, CSO OC ha llevado a cabo una campaña para presionar a los jueces de inmigración a que trasladen todas las audiencias a un formato virtual, para evitar así que las personas que asisten a sus audiencias tengan que enfrentarse a ICE en el tribunal. Recopilaron más de 1000 firmas en apoyo a esta medida.

Aunque en junio de 2026 un juez de California dictaminó que ya no se permitirían arrestos dentro ni fuera de los tribunales de inmigración, los miembros de CSO OC mantuvieron sus exigencias.

Diana Terreros declaró, “CSO OC descubrió que los jueces contaban con una política, la PM21-03, que les permite realizar audiencias remotas cuando lo deseen. Al optar por no implementar audiencias virtuales universales, los jueces de este tribunal de inmigración han sido cómplices de los arrestos ilegales de ICE y han permitido que la agencia destruya a familias. Incluso ahora, persiste el riesgo de que ICE continúe deteniendo a personas en el tribunal a pesar del fallo judicial. ICE ha demostrado un desprecio total por la ley y por los derechos de las personas.”

Los miembros de CSO OC marcharon hacia el tribunal de inmigración portando dos carteles grandes con fotos de personas fallecidas bajo custodia de ICE y la consigna “Detención = Muerte”. Sostenían una pancarta que decía, “¡Alto a los arrestos de ICE en el tribunal!” Coreaban consignas como “¡Fuera ICE de nuestros barrios!” y “¡Sin justicia no hay paz! ¡Fuera ICE de nuestras calles!”

Steven Ayoub declaró, “Piensen en lo que eso le hace a una persona. Te ves obligado a tomar una decisión imposible: presentarte ante el tribunal y arriesgarte a ser arrestado, o faltar a la audiencia y ser deportado automáticamente por no comparecer. No existe una opción segura. Y quiero ser franco con ustedes sobre la gravedad de la situación, porque ya no se trata solo de detenciones. Tan solo el mes pasado, en Texas, un hombre llamado Lorenzo Salgado Araujo perdió la vida. Era un padre de tres hijos, de 52 años y originario de México, que llevaba décadas viviendo en Estados Unidos. La mañana del 7 de julio, fue baleado y asesinado por un agente de ICE en Houston.”

Ayoub continuó, “Menciono esto porque ilustra de qué estamos hablando realmente. Cuando la aplicación de la ley es tan agresiva y tan sin rendición de cuentas, una persona común que realiza actividades cotidianas—como conducir hacia el trabajo o acudir a una cita judicial— puede terminar detenida, o peor.”

Luis Morales Pedraza Babylon compartió su experiencia, “Actualmente estoy en el sistema de la corte solicitando la residencia permanente por matrimonio y desde que comenzaron todos estos asuntos de ICE, a veces es lo único en lo que pienso al irme a dormir. ¿Qué pasaría si me arrestan y me mandan a México? Me trajeron aquí cuando tenía cuatro años, así que realmente no sabría qué hacer allá.”

Al llegar al tribunal, entraron marchando portando sus pancartas y se encontraron con medidas de seguridad y detectores de metales. Una vez dentro, entregaron las peticiones en la ventanilla de atención. Habían impreso y dirigido una petición específica para cada uno de los 22 jueces. Al principio, el empleado no quería aceptarlas y tuvo que consultar a dos supervisores para obtener la autorización, a pesar de que la entrega de documentación de este tipo no es algo inusual. Al final, las peticiones fueron aceptadas y entregadas a los jueces.

CSO OC lucha por los derechos de los inmigrantes y por la rendición de cuentas de la policía. Si desea ponerse en contacto con CSO OC, puede hacerlo a través de Instagram en CSO.OC o por correo electrónico en orangecountycso@gmail.com.

#SantaAnaCA #ImmigrantRights #InJusticeSystem #CSOOC

Santa Ana, CA – El miércoles por la tarde, 15 de julio, cerca de 70 manifestantes tomaron la esquina de las calles Bristol y 1st en Santa Ana con el grito de “¡Justicia para Lorenzo Salgado Araujo! ¡Justicia para Joan Sebastian Guerrero!” y “¡Manos fuera de Nadia!”. Esta protesta se llevó a cabo durante una semana de acción nacional convocada por la Red de Legalización para Todos para exigir justicia para Lorenzo Salgado Araujo, Joan Sebastian Guerrero y la activista por los derechos de los inmigrantes Nadia Topete.

“Hoy estamos aquí porque en tan solo una semana, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha matado a tres personas. ¡Qué vergüenza!”, declaró Diana Terreros de la Organización de Servicio Comunitario del Condado de Orange (CSO OC).

Terreros continuó describiendo a los dos hombres conocidos que fueron asesinados por ICE, “Lorenzo fue asesinado en Houston y había vivido en los Estados Unidos por 35 años. Simplemente estaba en camino al trabajo después de recoger a su equipo cuando ICE decidió detenerlo y asesinarlo. Estaban en vehículos sin identificación y no llevaban cámaras corporales. Joan Sebastian Guerrero era un colombiano de 26 años que vivía en Maine. También fue asesinado después de que ICE comenzara una parada de tráfico. Le dispararon y lo mataron mientras su pareja y su hija de tres años miraban”.

Luego se guardó un minuto de silencio por todas las víctimas de ICE.

“Estamos aquí para exigir el fin de los asesinatos de ICE, el fin de las deportaciones, que ICE se vaya de nuestros barrios y la legalización para todos”, exclamó Terreros al cerrar.

“¡Sin justicia no hay paz!” y “¡Fuera ICE de Santa Ana!”, coreaban los manifestantes.

Luis Morales Pedraza Babylon, del comité de inmigración de CSO OC, declaró, “El intento de silenciar a Nadia no es solo un ataque contra ella; es una táctica calculada para mantenernos a todos en la ignorancia. Los mismos sistemas que temen la voz de Nadia son los mismos que tomaron las vidas de Lorenzo Salgado Araujo y Joan Sebastian Guerrero. Estas no son tragedias aisladas. Son el resultado de un sistema que trata a nuestras familias como desechables”.

Babylon habló sobre la represión que enfrenta Nadia Topete, activista por los derechos de los inmigrantes de Centro CSO en Los Ángeles. El FBI la ha citado en dos ocasiones para comparecer ante un gran jurado, y en ambas ocasiones ella ha resistido.

Rachel, de AlianzaTransLatinx, tomó la palabra, “Hoy alzamos la voz por las víctimas y por aquellos que aún permanecen detenidos por ICE. Nuestra humanidad no termina cuando cruzamos una frontera. ¡Exigimos transparencia y una investigación cuando una persona muere en detención o a manos de ICE!”.

“Se me rompe el corazón y me lleno de rabia cada vez que otra familia, otra vida, es destruida por la crueldad inimaginable de ICE. ¡Debemos honrar a Lorenzo, a Joan y a cada vida arrebatada por ICE presentándonos en esta lucha y ganando!”, declaró Jenna Pérez, miembro del comité de inmigración de CSO OC.

Pérez continuó, “También luchamos junto a nuestros vecinos inmigrantes de la comunidad local, aquí mismo en Santa Ana. Los residentes y las familias del parque de casas móviles Coach Royal han sufrido abusos, acoso, y los residentes inmigrantes han sido amenazados con llamar a ICE. Incluso la empresa Kingsley Corporation les ha robado ilegalmente sus hogares. ¡Únanse con nosotros para luchar junto con los residentes de Coach Royal y decir fuera Kingsley!”.

A continuación, los manifestantes marcharon alrededor de la gran intersección de cuatro vías portando pancartas que decían, “ICE asesino, fuera de nuestras calles”, “Alto a las deportaciones” y “Justicia para los asesinados por ICE”.

Rain Mendoza, de la Organización Socialista Camino de la Libertad, tomó el micrófono y declaró, “Lorenzo Salgado y Joan Sebastian son la décima y la undécima persona asesinada durante una operación relacionada con ICE bajo el gobierno de Trump. La violencia inhumana ejercida contra los inmigrantes no es nada nuevo, ya que los esfuerzos de deportación han sido históricamente fatales”.

Mendoza continuó, “Durante las deportaciones masivas de la Gran Depresión y la Operación Espalda Mojada, inmigrantes y chicanos fueron deportados y también murieron en centros de detención o durante operaciones de inmigración. Por eso soy un comunista que lucha por la revolución socialista y por derrocar a la clase dominante. Solo una revolución socialista que ponga fin a la clase dominante que nos pisa el cuello y permite que policías asesinos y agentes de ICE nos disparen puede traer un cambio”.

“¡Justicia para Lorenzo Araujo! ¡Justicia para Joan Sebastian Guerrero!”, corearon los manifestantes mientras ocupaban ambos extremos de la esquina y más autos tocaban sus bocinas en apoyo.

La acción fue organizada por la Organización de Servicio Comunitario del Condado de Orange en respuesta a un llamado a la acción de la Red Legalización Para Todos. Si desea ponerse en contacto con CSO OC, puede hacerlo a través de Instagram en CSO.OC o por correo electrónico en orangecountycso@gmail.com.

#SantaAnaCA #CA #ImmigrantRights #DerechosDeLosInmigrantes #CentroCSO

Santa Ana, CA – El 8 de julio, más de 50 chicanos se manifestaron afuera de la corte federal en apoyo a Nadia Topete, una activista chicana por los derechos de los inmigrantes de Centro CSO que estuvo dentro compareciendo ante un gran jurado. Solo días antes, el 1 de julio, agentes federales llegaron a la casa de Nadia con otra citación del gran jurado, amenazándola con que, si no se presentaba, podría ser declarada en desacato.

Nadia Topete salió de la corte federal con la frente en alto y declaró que había ejercido su derecho a la Quinta Enmienda. Fue recibida con gritos de “Hands Off Nadia Topete!” [¡Manos fuera de Nadia Topete!], “¡Chinga la migra!”, y “DOJ Hands Off Nadia!” [¡Departamento de Justicia, manos fuera de Nadia!] que fueron lo suficientemente altos como para oírse dentro del edificio federal.

“¡Protestar contra ICE no es un crimen!” dijo Verita Topete, hermana de Nadia y organizadora chicana. “Nuestras comunidades son más fuertes que Trump y los intereses de la clase dominante del Departamento de Justicia. Los ataques contra Nadia son parte del patrón de represión política del gobierno federal.”

Jasia Topete, hermana mayor de Nadia y Verita dijo, “Hoy fue una acción muy conmovedora de unidad y apoyo hacia mi hermana bebé, Nadia. Ver el enorme respaldo que ha recibido a nivel nacional, a través de las convocatorias en línea de distintas organizaciones, fue muy reconfortante de ver. Ver que tantas personas tomaron el tiempo para salir y mostrar su cariño fue muy reconfortante y alentador para nuestra familia. Nosotros sabemos que ella no hizo nada malo. Amplificar la voz de nuestra gente no es un crimen. Ella seguirá con la frente en alto, como la persona segura y resiliente que es. Nadia, te queremos. Muchísimas gracias a todos los que están apoyando a Nadia.”

Mick Kelly del Comité para Detener la Represión del FBI le dijo al público, “Quiero saludar a Nadia, una mujer de valentía poco común que se está levantando por todos nosotros. Esto ciertamente no terminará aquí. Estaremos con Nadia en cada paso del camino.”

Emiliano Martin Del Campo, miembro de Centro CSO, dijo, “Veo este ataque del Departamento de Justicia y del gobierno de Trump no solo como un ataque directo contra nuestra hermana Nadia, sino como un golpe directo contra todos nosotros que luchamos contra esta administración. ¡Un ataque contra uno es un ataque contra todos!”

Participaron oradores de Centro CSO, CSO OC, CLUE, ILPS, la Organización Socialista Camino de la Libertad y Legalización Para Todos quienes hablaron en defensa de Topete y condenaron la represión política contra activistas de derechos de los inmigrantes.

No está claro qué sigue, pero si la cacería del Departamento de Justicia continúa, Centro CSO y sus aliados estarán listos para defender a los suyos, a Nadia Topete, una hija de Aztlán.

#SantaAnaCA #CA #ImmigrantRights #NadiaTopete #CentroCSO

Santa Ana, CA – On Friday, July 17 several members of Community Service Organization Orange County (CSO OC) delivered a petition to the Santa Ana Immigration Court. In May of 2025, the court was one of the first places Immigrations and Customs Enforcement (ICE) started arresting people. CSO OC has been running a campaign since then to pressure the immigration judges to move all hearings online so that people attending their hearings would not have to face ICE at the court. They collected over 1000 signatures calling for this.

Although, in June of 2026, a California judge ruled that arrests will no longer be allowed inside or outside immigration courts, CSO OC members upheld their demands.

Diana Terreros stated, “CSO OC found that the judges had a policy, PM21-03, that allows them to do remote hearings whenever they want. By choosing not to implement universal remote hearings, the judges at this immigration court have been complicit in ICE’s illegal arrests and allowed them to tear apart families. Even now, there is still a risk that ICE will continue detaining people at the court despite the ruling. ICE has shown complete disregard for the law and people's rights.”

CSO OC members marched towards the immigration court holding two large signs with photos of people who have died in ICE detention with “Detention = Death.” They held a banner that said, “Stop ICE arrests at the court!” They chanted “ICE out of our neighborhoods!” and “No justice, no peace! No ICE in our streets!”

Steven Ayoub stated, “Think about what that does to a person. You're forced into an impossible choice: show up to court and risk arrest or skip your hearing and be deported automatically for not appearing. There's no safe option. And I want to be honest with you about how high the stakes have become, because this isn't only about detention anymore. Just this past month, in Texas, a man named Lorenzo Salgado Araujo was killed. He was a 52-year-old father of three, originally from Mexico, who had been living in the United States for decades. On the morning of July 7, he was shot and killed by an ICE agent in Houston.”

Ayoub continued, “I raise this because it shows what we're really talking about. When enforcement is this aggressive and this unaccountable, an ordinary person doing an ordinary thing driving to work, or showing up to a court date can end up detained, or worse.”

Luis Morales Pedraza Babylon shared his experience. “I’m currently in the court system applying for a spousal green card and ever since the ICE thing started happening, sometimes when I go to sleep that’s all I think about. What if I get arrested and get sent to Mexico? I was brought here when I was four years old ,so I wouldn’t really know what to do over there.”

When they arrived at the court, they marched in holding their signs and were met with security and metal detectors. Once inside, they handed the petitions to the clerk desk. They had printed and addressed a petition for each of the 22 judges. The clerk initially did not want to accept them and had to go through two supervisors to get approval, although a stack of papers being delivered to them is not out of the ordinary. In the end, the petitions were accepted and delivered to the judges.

CSO OC fights for immigrant rights and police accountability. If you would like to connect with CSO OC you can contact them through Instagram at CSO.OC or gmail at orangecountycso@gmail.com.

#SantaAnaCA #CA #OrangeCounty #CSOOC #ImmigrantRights #ICE

Santa Ana, CA – On Wednesday evening, July 15, around 70 protesters took over the corner of Bristol and 1st in Santa Ana with the rallying cry, “Justice for Lorenzo Salgao Araujo! Justice for Joan Sebastian Guerrero!” “Hands off Nadia!” This protest was put on during a national week of action that was called by the Legalization 4 All Network to demand justice for Lorenzo Salgado Araujo, Joan Sebastian Guerrero, and immigrants’ rights activist Nadia Topete.

“Today, we are here because in just one week, Immigration and Custom Enforcement has killed three people! Shame!”, stated Diana Terreros from Community Organization Orange County (CSO OC).

Terreros continued with describing the two known men who were murdered by ICE, “Lorenzo was killed in Houston and had lived in the U.S. for 35 years. He was simply on his way to work after picking up his crew when ICE decided to stop him and murder him. They were in unmarked cars and did not have body cameras. Joan Sebastian Guerrero was a 26-year-old Colombian living in Maine. He was murdered also after ICE initiated a traffic stop. They shot and killed him while his partner and three-year-old daughter watched.”

A moment of silence was then held for all victims of ICE.

“We are here to demand an end to ICE murders, an end to deportations, ICE out of our neighborhoods, and legalization for all!” exclaimed Terreros as she closed out.

“Sin justicia no hay paz!” and “ICE out of Santa Ana!”chanted the protesters.

Luis Morales Pedraza Babylon from CSO OC immigration committee stated, “The attempt to silence Nadia is not just an attack on her; it is a calculated tactic to keep every single one of us in the dark. The same systems that fear Nadia’s voice are the same systems that claimed the lives of Lorenzo Salgado Araujo and Joan Sebastian Guerrero. These are not isolated tragedies. They are the result of a system that treats our families as disposable.”

Babylon spoke regarding the repression immigrant rights activist Nadia Topete from Centro CSO in Los Angeles is facing. She has been subpoenaed by the FBI to appear before a grand jury twice and twice she has resisted.

Rachel from AlianzaTransLatinx took the mic, “Today we raise our voice for the victims and those also still detained by ICE. Our humanity does not end when we cross a border. We demand transparency and an investigation when a person is killed in detention or at the hands of ICE!”

“My heart breaks and I am filled with rage every time another family, another life is destroyed by the unimaginable cruelty of ICE. We must honor Lorenzo, Joan, and every single life taken by ICE by showing up to this fight and by winning!” stated Jenna Perez, member of CSO OC immigration committee.

Perez continued, “We are also fighting alongside our immigrant neighbors in our local community right here in Santa Ana. Residents and families of the mobile home park Coach Royal have suffered abuse, harassment, and immigrant residents have been threatened with ICE being called on them. They have even had their homes illegally stolen from them by the Kingsley Corporation. Join us as we fight alongside the residents of Coach Royal and say fuera Kingsley!”

The protesters then marched around the large four-way intersection while holding signs stating “Killer ICE off our streets,” “Stop the deportations” and “Justice for those murdered by ICE.”

Rain Mendoza of the Freedom Road Socialist Organization took the mic, “Lorenzo Salgado and Joan Sebastian are the tenth and eleventh people to be killed in an ICE-related operation under the Trump administration. The inhumane violence done to immigrants is nothing new as deportation efforts have historically been fatal.”

Mendoza continued, “During mass deportations of the Great Depression and Operation Wetback, immigrants and Chicanos were deported and also died either in detention centers or during immigration operations. This is why I am a communist fighting for socialist revolution and overthrowing the ruling class. Only socialist revolution which brings about an end to the ruling class that steps on our necks and allows killer cops and ICE agents to shoot us down, can bring a change.”

“Justicia para Lorenzo Araujo! Justicia para Joan Sebastian Guerrero!”chanted the protesters as they took up both ends of the corner as more cars honked in support.

The action was organized by Community Service Organization OC as a response to a call to action by the Legalization 4 All Network. If you would like to connect with CSO OC you can contact them through Instagram at CSO.OC or gmail at orangecountycso@gmail.com.

#SantaAnaCA #CA #ImmigrantRights #CSOOC #L4A

Santa Ana, CA – On June 15, Community Service Organization Orange County and movement lawyers with the Peace and Justice Law Center served a demand letter threatening to sue Santa Ana Police Department (SAPD) for not disclosing records about the arrest and death of Freddie Washington. On July 1, SAPD was forced to release 18 body camera videos, 58 photographs and two incident reports. These records reveal the moments leading up to Freddie’s arrest on January 15, 2025.

Police were called about a man refusing to pay for his stay at a hotel in Santa Ana. The first officers to respond were Isaac Ibarra and Jonathan Mondragon. Ibarra was one of two officers who killed unarmed Noe Rodriguez in 2024, shooting him 11 times and lying about what Rodriguez was doing before the shooting.

When Freddie Washington did not answer the door, Officer Isaac Ibarra opened it using a set of master keys. Officer Jonathan Mondragon immediately drew his gun and pointed it directly at Washington during about 14 minutes of “negotiation.” Both officers tried to convince him to leave his room, calling for backup as Washington called his lawyer. Mondragon’s report mentions Washington’s “erratic” language and “refusal to comply,” both common justifications for excessive force by police.

Four more officers arrived and Ibarra coordinated the arrest. Police entered with tasers drawn, wrestled Freddie Washington out of his chair and forced him against a hotel room bed. Officers Jonathan Mondragon and Francisco Rodriguez held him down. An officer we can now identify as Frank Corpus punched Washington in the head twice on camera. Washington screamed for help.

Police wrestled Washington to the floor. As three held Washington down, officer Jesse Hernandez pressed his taser against Washington’s body and said, “Stop or you’re going to get tased” and “Stop fighting,” to which Washington replied, “I’m not fighting! Y’all are fighting me!”

Jesse Hernandez was involved in a prior in-custody death: on September 13 2022, Hernandez was one of many SAPD officers who chased unarmed 72-year-old Miguel Chavez into a CVS parking lot after he was in a car accident. In the parking lot, officer Mark Schifflett sicced his K-9 on Chavez, who died two days later from his wounds.

Police pinned Freddie Washington to the floor using their arms and knees for several minutes. They handcuffed him and put him in a restraint device called “the WRAP.” Fully immobilized, Washington asked for tea to drink, and several officers smirked and mocked him. Police hoisted Washington onto a gurney and he yelled as his cuffed wrists were driven into its surface. That is the moment Isaac Ibarra finally decided to offer Washington his tea, but he ultimately withheld it.

This small, sadistic gesture captures the heart of the incident. Throughout the arrest, Freddie Washington refused to surrender his dignity or his right to decide. And while police cited charges like “trespass” and “defrauding an innkeeper” to justify the violence, the truth is that the racist violence speaks for itself. It also speaks to the larger trend of police violence against Black people in the U.S. In California alone in 2025, Black people were 55% times more likely to be killed by police than white people, and Washington’s arrest resembled countless other police crimes that emerged before, during and after the George Floyd Rebellion.

Santa Ana City Attorney Sonia Carvalho said the city would release more records on or about July 8. These records should include materials related to Washington’s in-custody death on January 16, 2025. But SAPD has not released additional records. If it continues its pattern of delaying the release of records, Community Service Organization Orange County (CSO OC) and the Peace and Justice Law Center will resume with the lawsuit.

CSO OC fights for families impacted by police violence and for community control of the police. The fact that the community had to threaten a lawsuit to get more clarity on Freddie Washington’s death reflects SAPD’s culture of impunity, but it also shows the power and necessity of taking action ourselves. The community should also have the right to decide how officers are disciplined for misconduct and excessive use of force, especially when they have histories of violence. In the meantime, you can help support the family of Freddie Washington by donating here.

#SantaAnaCA #CA #OrangeCounty #CSOOC #CSO #FreddieWashington #InjusticeSystem

Santa Ana, CA – On July 8, over 50 Chicanos rallied outside a federal courthouse in support of Nadia Topete, a Chicana immigrant rights activist with Centro CSO who was inside with a grand jury. Just days before, on July 1, federal agents showed up to Nadia's home with another grand jury subpoena, threatening that, if she did not appear, she could be held in contempt.

Nadia Topete walked out the federal courthouse with her head up high and stated she had exercised her Fifth Amendment right. She was greeted by chants of “Hands off Nadia Topete,” “Chinga la migra” and “DOJ hands off Nadia!” that were loud enough to be heard inside the federal building.

“Protesting ICE is not a crime!” said Verita Topete, Nadia’s sister and fellow Chicana organizer. “Our communities are stronger than Trump and the DOJ’s ruling class interests. The targeting of Nadia is a pattern of political repression from the federal government.”

Jasia Topete, older sister of both Nadia and Verita, stated, “Today was a very moving gesture of unity and support for my baby sister, Nadia. Seeing the tremendous support she has gained on a national level through the calls to action online by different organizations was very heartening to see. Witnessing how many people took the time to come out and show her love was very heart warming and reassuring to our family. We know she did nothing wrong. Amplifying the voices of our people is not a crime. She will continue to hold her head high like the confident resilient that she is. Nadia, we love you, Thank you so much to everyone that is rooting for Nadia!”

Mick Kelly of the Committee to Stop FBI Repression told the crowd, “I would like to salute Nadia, a woman of uncommon courage who is standing up for all of us. This will certainly not end here. We will stand with Nadia every inch of the way.”

Emiliano Martin Del Campo, member of Centro CSO, stated, “I see this attack from the DOJ and the Trump administration as not only a direct attack on our sister Nadia but a direct blow to all of us fighting against this administration. An attack on one is an attack on all!”

Speakers from Centro CSO, CSO OC, CLUE, ILPS, Freedom Road Socialist Organization and Legalization for All spoke in defense of Topete, condemning the political repression of Immigrant Rights activists.

It is unclear what is next, but if the DOJ witch hunt continues, Centro CSO and their allies will be ready to defend their own, Nadia Topete, a daughter of Aztlan.

#SantaAnaCA #CA #InJusticeSystem #GrandJury #PoliticalRepression #ImmigrantRights #CentroCSO #NadiaTopete #CSFR #Featured

Santa Ana, CA – On the morning of July 8, immigrant rights activist Nadia Topete went before a grand jury at the Ronald Reagan Federal Courthouse. Topete was inside for a short time before reappearing out of the courthouse to state that she exercised her Fifth Amendment right to stay silent.

The crowd of over 50 supporters from Los Angeles and Orange County cheered her on, chanting, “DOJ: Hands off Nadia!” and “What do we want? Hands off Nadia! When do we want it? Now!”

Nadia Topete is a 21-year-old who twice had FBI agents show up at her door. Topete is a proud Chicana and immigrant rights activist. She has done nothing wrong and continues mobilizing to beat the attacks the Trump administration is enacting on immigrants.

Among those gathered outside were members of Centro CSO in Los Angeles and CSO Orange County. Others present were also with the Committee to Stop FBI Repression, Freedom Road Socialist Organization, Gabriela – LA, ILPS, Clergy and Laity United for Economic Justice (CLUE), and others.

“We applaud the tremendous strength of my sister Nadia Topete and will be ready to fight back for her if she is summoned once again,” said Verita Topete, a member of Centro CSO and chair of the CSO immigration committee.

#SantaAnaCA #CA #OrangeCounty #LosAngelesCA #ImmigrantRights #NadiaTopete #PoliticalRepression #GrandJury #CentroCSO #Featured

Santa Ana, CA – On Saturday June 27, Community Service Organization, Orange County (CSO OC) held a rally on Main and 4th for Santa Ana Pride. Despite the hot temperatures, the energy was still high with chants of “No cops at Pride!” starting things off.

CSO OC Police Accountability Committee member Matthew Compton kicked the rally off stating, “On June 28, 1969, the New York Police Department raided the Stonewall Inn, which led to the Stonewall Riots.” Compton continued, “Outside Stonewall, the people fought back. Yelling and protesting police for arresting those inside the Inn. They threw bottles and debris at them as they pushed the Stonewall attendees into police vans. LGTBQ people do not go down quietly.”

Khue Bui from CSO OC’S Immigration Committee stated “There are nearly 300,000 queer and trans undocumented immigrants, who face additional oppression within the immigration system. On average, trans immigrants are kept in detention twice as long, where they are misgendered and often kept in isolation.” Bui continued with, “Queer immigrants are 97 times more likely to be sexually assaulted in detention centers. While trans detainees face constant transphobic harassment, assault and mistreatment from ICE officers.”

Throughout the day, two Santa Ana Police Department officers kept circling the rally. Compton highlighted over the megaphone that the SAPD recently killed a 15-year-old Chicano named Jaden Michaca while he was having a mental health crisis. He stated that cops are not welcome at Pride due to their killing of Chicanos. Protesters followed with chants of “Fuck SAPD!” and calling them murderers. One officer stated over his intercom “Thank you for those kind words.”

After the fiery speeches and confrontation with police, chanting became even louder. Protesters screamed, “Hell no we won’t be quiet! Stonewall was a riot!” and “Transphobe cops! Off our streets!” as many onlookers joined in on the chants as they were passing by.

Pearl Arzola, the older sister of Albert Arzola, whose life was taken by Anaheim PD, stated “Pride is about more than celebrations and parades. It is about acceptance, respect, and the freedom to live and be yourself. It reminds us that everyone deserves to feel safe, valued and included, regardless of their sexual orientation or gender identity.”

Rachel Pozos from AlianzaTransLatinx stated,“We are living in a moment when many of our communities are living in fear.” She continued. “But I want to make something clear. We are not going to disappear, we are not going to hide, and we will not be silent. Because every time an immigrant is attacked, they are attacking an entire family. Every time they attack a trans woman, they are attacking our dignity. Every time they try to sow fear, we sow hope and resistance!”

Emma Gottfried of Freedom Road Socialist Organization told the crowd, “We've all seen how the Trump administration has escalated their anti-trans and other anti-LGBTQ executive orders and reactionary legislation.”

Gottfried continued, “These heightened attacks by the Trump administration are a part of the accelerating decline of the U.S. empire as a means to oppress us and prevent real change, revolutionary change. Oppression, bigotry and inequality are not a natural constant in our world, it’s a product of a system and that system is monopoly capitalism.”

Despite taunting by the SAPD, the rally did not stop. With loud chanting continuing and insults being hurled at the two SAPD officers each time they passed by. Chants of “Pride was a riot!” and “No ICE at Pride!” echoed throughout downtown Santa Ana.

#SantaAnaCA #CA #LGBTQ #CSOOC #Pride

Santa Ana, CA – 28 personas, incluyendo residentes del parque de casas móviles Coach Royal, familias afectadas por muertes a manos de la policía y miembros de la Organización de Servicio Comunitario del Condado de Orange (CSO OC) fueron al Concejo Municipal de Santa Ana el martes 19 de mayo.

Fuera del salón del concejo, el Comité de Inmigración de CSO OC se manifestó para exigir que Kingsley Corporation se retire del parque de casas móviles Coach Royal.

Dentro del salón, el Comité de Responsabilidad Policial de la CSO entregó su petición exigiendo que los agentes del Departamento de Policía de Santa Ana, Luis Casillas e Isaac Ibarra, sean despedidos por haber matado a Noe Rodríguez. El 19 de mayo coincidía con el cumpleaños de Rodríguez.

Karla Alvarado, residente de Coach Royal, declaró, “Tuvimos nuestra reunión sobre la estabilización de alquileres hace casi un mes, y estamos solicitando el video de ese evento, ¡y la ciudad está tratando de negarnos acceso!”. En dicha reunión, Kingsley negó a los residentes el acceso a servicios de interpretación al español o a la designación de testigos, y prohibieron la entrada de observadores a la sesión. Sin embargo, las protestas de los residentes obligaron al personal municipal a “darse cuenta” de que los residentes tenían derecho a esas garantías.

Dentro del salón de sesiones se escuchaban los cánticos de “¡Fuera Kingsley! ¡Fuera Kingsley!”, mientras que en el exterior la gente se manifestaba. El personal de la ciudad de Santa Ana intentó a callar las voces subiendo el volumen del televisor situado en el exterior; la estrategia resultó contraproducente y provocó que los residentes gritaran aún con más fuerza.

Dentro del salón, la alcaldesa Valerie Amezcua intentó silenciar a los residentes leyendo una declaración del abogado de la ciudad, en la que se afirmaba que no había nada que la ciudad pudiera hacer con respecto a Kingsley. Los abucheos del público la interrumpieron. Amenazando con suspender la sesión, Amezcua difamó a los residentes de Coach Royal, alegando, sin presentar prueba alguna, que estos “habían recurrido a proferir amenazas y a actuar con agresividad física hacia nuestro personal municipal”.

El concejo municipal votó a favor de limitar el tiempo de comentarios del público a un minuto. Los abucheos llenaron el salón mientras los concejales Valerie Amezcua, Jessie Lopez, Phil Bacerra y Thai Viet Phan votaban para silenciar al público.

Matthew Compton, miembro de CSO OC, declaró, “Ustedes están realmente jodidamente asustados de los residentes de Coach Royal, y es verdaderamente jodidamente vergonzoso que hayan decidido reducir el tiempo a un minuto. ¡Incluida tú, Jessie! Los Arzolas están sentados justo ahí y han sido testigos de sus mierdas. Fueron tocando puerta a puerta por ti y te brindaron su apoyo”.

La familia de Albert Arzola, quien fue asesinado por el agente de la policía de Anaheim, Nathan Garcia, el 1 de diciembre de 2025, han apoyado durante semanas la candidatura de Lopez a la Asamblea Estatal, dado que su oponente, el concejal de Santa Ana David Penaloza, es un leal servidor de la policía.

Erika Armenta, viuda de Noe Rodriguez, se dirigió al podio. A ambos lados de ella, miembros de CSO OC sostenían carteles que exhibían cientos de firmas de una petición. Al 21 de mayo, la petición sumaba ya 638 firmas. Puede firmar aquí.

Armenta declaró, “Han pasado ya 504 días desde el 1 de diciembre de 2024, que los oficiales asesinos Luis Casillas e Isaac Ibarra le quitaron la vida al padre de mis hijas, Noe Rodríguez, en una lluvia de balas; sin embargo, ustedes no han hecho nada. La alcaldesa, en particular, se encarga de protegerlos, ofreciendo públicamente su apoyo a estos supuestos ‘agentes de la paz’ sin consideración alguna el dolor que esto nos causa a nosotras, quienes hemos perdido a un ser querido.”.

Armenta acercó su teléfono al micrófono y reprodujo una grabación de la voz de su hija. Su hija decía, “Me siento triste porque hoy es el cumpleaños de mi papá y no puedo abrazar. Me siento frustrada porque le arrebataron la vida, y los quienes hicieron esto todavía siguen libres”. Mientras la grabación continuaba, Armenta alzó un dibujo, “Le hice este dibujo para recordar su bonita memoria”.

Mientras Armenta hablaba, la concejala Thai Viet Phan miraba al vacío y comía yogur.

David Pulido, miembro del CSO OC, declaró, “Estamos aquí hoy para presentar los resultados preliminares de nuestra petición de justicia para Noe Rodríguez”. Pulido continuó diciendo, “¡Hoy habría sido su cumpleaños! ¡Y ustedes le robaron ese tiempo!”. Mientras la ciudad le cortaba el micrófono, Pulido exigió al jefe de policía, Robert Rodríguez, que despidiera a los policías asesinos y encabezó los cantos, “¿Luis Casillas? ¡Encierrenlo! ¿Isaac Ibarra? ¡Enciérrenlo!”. Los cánticos llenaron el salón y el público ahogó la voz de la alcaldesa, obligándola a guardar silencio.

Guadalupe Barragán, residente de Coach Royal que lleva años luchando contra los abusos de Kingsley, refutó las declaraciones calumniosas de la alcaldesa sobre los residentes de Coach Royal. Señaló directamente a Amezcua y exclamó, “¡Ojala que tengas pruebas de todo lo que acaba de decir ahorita acusando a mi familia! Tu me conoces y somos gente trabajadora. ¡Sí, estamos enojados! ¡Porque Kingsley están robando las casas!”.

Diana Terreros, miembro del CSO OC, tomó el micrófono y dijo, “Es una vergüenza que intenten calumniar a los residentes de Coach Royal, alegando que están amenazando al personal municipal. Tenemos un video que demuestra que, durante su audiencia, el personal de la ciudad intentó ponerles las manos encima y trató de expulsar a los testigos”. Terreros continuó, “Ustedes no dejan de decirles que demanden a Kingsley, que presenten sus peticiones y que hagan esto y aquello de manera individual. Lo que nosotros exigimos es que esto se aborde como el problema sistémico que realmente es. En todos los lugares del país donde opera Kingsley, se están produciendo estos mismos problemas. Esto no se resolverá con una demanda individual. ¡Qué vergüenza les debería dar no hacer absolutamente nada al respecto!”.

Mientras el público se retiraba, personal de la ciudad notificó vergonzosamente a Karla Alvarado una orden de restricción presentada por una empleada municipal llamada Maricela Márquez, quien estuvo presente en la reunión de la División de Estabilización de Alquileres del pasado 29 de abril. Alvarado deberá comparecer ante el tribunal el 29 de mayo.

Estos ataques no impedirán que CSO OC siga luchando codo con codo junto al pueblo. ¡Exigimos que Kingsley se vaya de Santa Ana! ¡Exigimos el despido de los policías asesinos Luis Casillas e Isaac Ibarra!

#SantaAnaCA #CA #OrangeCounty #CSOOC #Kingsley #CoachRoyal #PeoplesStruggles

Santa Ana, CA – Dieciséis personas, entre ellas familiares de Jaden Michaca, abogados del bufete Carillo Law Firm y miembros de la Organización de Servicio Comunitario del Condado de Orange (CSO OC), se congregaron frente al Departamento de Policía de Santa Ana (SAPD) para exigir justicia para Jaden Michaca el martes 23 de junio. Michaca tenía solo 15 años y estaba sufriendo una crisis de salud mental cuando fue asesinado por la policía apenas nueve días antes.

Maribel Michaca, la mamá de Jaden, explicó cómo el SAPD distorsionó el incidente. Las declaraciones de la policía dieron a entender que estaban respondiendo a una llamada por un altercado familiar que terminó en un apuñalamiento. Maribel explicó que llamó al 911 para que atendieran una crisis de salud mental, y que en el pasado había llamado al 911 para que un equipo psiquiátrico calmara estas situaciones. Además, Maribel dijo que su pareja no fue apuñalada, sino que se hizo un rasguño accidentalmente al intentar quitarle un cuchillo a Jaden durante su crisis.

Pero esta vez enviaron a dos agentes de policía. Cuando la policía irrumpió en su departamento, Maribel dijo, “¡Por favor, no disparen! ¡Por favor, no disparen! ¡Mi hijo está pasando por una crisis de salud mental!”. En la conferencia de prensa, Maribel explicó, “Yo estaba parada junto a él y a ellos no les importó. Simplemente comenzaron a disparar, una bala tras otra. Ni siquiera les importó que mi propia vida estuviera en peligro”. Maribel recibió un balazo en la mano y su pulgar derecho quedó inmovilizado con una férula. Ella dijo, “Mi hijo no representaba ningún peligro para mí. Estaba más en peligro por los disparos de la policía, que podrían haberme matado a mí y a mi hijo”.

Michael Carillo, uno de los abogados que representa a la familia, dijo que estaban presentando una demanda contra el gobierno de la ciudad de Santa Ana y el SAPD, en la que acusan a los oficiales de negligencia y de no haber logrado calmar la situación. La forma en que el SAPD respondió ante Jaden Michaca fue similar a la de otros casos de muertes a manos de la policía, como los de Henry González Jr. y Noe Rodríguez, quienes también estaban sufriendo una crisis de salud mental y luego fueron criminalizados y asesinados por la policía.

Los familiares sostenían fotos grandes de Jaden, en las que se le veía acunando a su gato, abrazando a su familia frente a un pastel de cumpleaños y de pie junto a su madre. Otros sostenían pancartas de CSO OC en las que se leía, “Justicia para Jaden Michaca”, “Publicen las grabaciones de las cámaras corporales”, “Publicen el informe de la autopsia” y “Encarcelen a los policías asesinos”.

Jasmine Michaca, la tía de Jaden dijo, “Jaden siempre fue un niño muy cariñoso. Pasé la mayor parte de mi infancia junto a él. A Jaden le empezó a gustar Pokémon y cada vez que venía a casa, me mostraba su colección”.

En los últimos dos años, Jaden comenzó a sufrir trastorno bipolar. Su mamá lo sacó de la escuela pública y empezó a tomar clases en línea y a recibir ayuda. Jasmine compartió su último recuerdo de su sobrino, diciendo, “Acababa de regresar de la Universidad de California en Santa Bárbara. Pasamos el fin de semana juntos y él estaba tan emocionado de verme. Me había llamado dos semanas antes. Recuerdo que un día estábamos sentados en la sala y me contaba que no había podido terminar la preparatoria. Quería ir a la universidad y seguir una carrera como mecánico. Le dije que si alguna vez necesitaba ayuda, yo estaría ahí para apoyarlo”. Ella lloró y abrazó a la madre de Jaden.

Maribel Michaca dijo, “Lo que pido hoy es justicia para mi hijo. No merecía morir de esa manera. Era un niño cariñoso. ¡Tenía planes! ¡Tenía un futuro!”.

La multitud coreó, “¡Justicia para Jaden! ¡Justicia para Jaden! ¡Justicia para Jaden!”.

CSO OC exige el control comunitario de la policía, y luchamos junto a las familias afectadas por la policía. Si te interesa unirte a nuestro trabajo, ponte en contacto con nosotros en Instagram, Facebook, o correo electrónico a orangecountycso@gmail.com.

#SantaAnaCA #CA #OrangeCounty #JadenMichaca #InjusticeSystem #OppressedNationalities

Santa Ana, CA – Sixteen people, including members of Jaden Michaca’s family, lawyers with Carillo Law Firm, and members of Community Service Organization Orange County (CSO OC) crowded outside Santa Ana Police Department (SAPD) to demand justice for Jaden Michaca on Tuesday, June 23. Michaca was only 15 years old and suffering a mental health crisis when he was killed by police just nine days before.

Maribel Michaca, Jaden's mother, explained how SAPD distorted the incident. Police statements made it sound like they were responding to a call about a family disturbance that resulted in a stabbing. Maribel explained that she called 911 to respond to a mental health crisis, and that in the past she called 911 to have a psychiatric team de-escalate these situations. Additionally, Maribel said her partner was not stabbed but accidentally scratched trying to take away a knife from Jaden during his crisis.

But this time two police officers were sent. When police broke into her apartment Maribel said, “Please do not shoot! Please do not shoot! My son is having a mental health crisis!” At the press conference Maribel explained, “I was standing next to him and they did not care. They just started shooting – one bullet after another bullet. They didn’t even care about my own life being in danger.” Maribel’s hand was shot and her right thumb was immobilized in a brace. She said, “I was not in danger from my son. I was more in danger from the police shooting at me and killing my son.”

Michael Carillo, one of the lawyers representing the family, said they were filing a government claim against the city of Santa Ana and SAPD, accusing the officers of negligence and a failure to de-escalate the situation. The way SAPD responded to Jaden Michaca was similar to other police killings, such as that of Henry Gonzalez Junior and Noe Rodriguez, who were also suffering a mental health crises and then criminalized and killed by police.

Family members held large photos of Michaca, where he was shown cradling his pet cat, embracing family in front of a cake for his birthday, and standing with his mother. Others held CSO OC signs that read, “Justice for Jaden Michaca,” “Release the body camera footage,” “Release the autopsy report” and “Jail killer cops.”

Jasmine Michaca, Jaden’s aunt, said “Jaden was always such a loving kid. I spent most of my childhood growing up with him. Jaden started developing a liking for Pokémon, and every time he would come home, he would show me his collection.”

In the last two years Jaden began experiencing bipolar disorder. His mother pulled him from public school, and he began taking online classes and receiving help. Jasmine shared her last memory of her nephew, saying “I just came back recently from UC Santa Barbara. Spending the weekend together, he was just so excited to see me. He had called me two weeks prior. I remember one day we were sitting in the living room, and he was telling me he didn’t get to finish high school. He wanted to go to college and pursue a career as a mechanic. I told him if he ever needs help, I will be there with him.” She wept and embraced Jaden’s mother.

Maribel Michaca said, “What I’m asking for today is justice for my son. He did not deserve to die the way he did. He was a loving child. He had plans! He had a future!”

The crowd chanted, “Justice for Jaden! Justice for Jaden! Justice for Jaden!”

CSO OC demands community control of the police, and we fight alongside families impacted by police. If you are interested in joining our work, please reach out on Instagram or Facebook, or email at orangecountycso@gmail.com.

#SantaAnaCA #CA #OrangeCounty #CSOOC #OppressedNationalities #InjusticeSystem #JadenMichaca

Santa Ana CA – The afternoon of Saturday, June 19, 25 people, including members of Community Service Organization Orange County (CSO OC) and concerned community members, gathered to demand accountability and transparency after yet another resident was killed by Santa Ana Police Department (SAPD) earlier that week.

Chants of “Justice for Jaden Michaca!” and “¡Basta policías asesinos!” could be heard over rush hour traffic at the intersection of the apartment complex where Jaden Michaca was killed.

Michaca was only 15 years old when SAPD officers shot him to death the night of June 14. Early reports from the department offer no details of the officer-involved shooting but justified the officer’s actions by stating that the “suspect” had a knife and was under the influence when they responded to a domestic call. Community members immediately called out SAPD’s statements online and in person, condemning the department for the killing and advocating for stronger community oversight of the department.

David Pulido, a member of CSO OC, opened the event with “We’ve seen enough of these police statements and met enough of their victims to know that we should not trust the police! They criminalize the victim by focusing on drug use and property damage to mark them for death!”

A school counselor who knew Jaden Michaca attended the protest and countered early attempts by police to paint him as a criminal. She stated Michaca “had the biggest heart of any kid I’ve worked with, he was sweet and kind, but he happened to be in a body that looked a little bit older, and that of a Chicano male. I can’t deny that that was a factor in what happened.” Michaca’s death is one of many cases of Chicanos being killed by police across Orange County, including three teenage police shooting victims in the last seven months.

The protesters waved signs that demanded justice for the victim, including others that read “Release the names! Release the tapes!” They demanded the immediate publication of all unedited body camera footage, the full autopsy report, and the names of the officers who killed Michaca.

Attendees marched around the intersection of South Main and West Macarthur Boulevard, chanting “Jail killer cops!” while people driving by honked in support. A white cross decorated with fresh flowers and handwritten messages from the family had been set up near the intersection earlier that week to honor Jaden Michaca’s life.

Family members of Albert Arzola, a 19-year-old killed by Anaheim Police Department (APD) in December 2025, attended to show their support for Jaden Michaca’s family. Albert’s sister Pearl Arzola emphasized, “Jaden Michaca was a young kid, and instead of de-escalating the situation, the cops chose more violence! We need more accountability over Santa Ana PD, a young 15-year-old boy should not die because cops are trigger-happy.”

“I don’t know if you saw that the mayor of Santa Ana, she brushed this shooting off like it was nothing. What the fuck?” yelled CSO OC member Luis Herrera. The community booed and responded “Shame!” He then encouraged the crowd, “We need to unite and organize ourselves to fight for justice, because only through organized struggle can we win community control of the police!”

Abe Quintana of the Freedom Road Socialist Organization (FRSO) brought a historical perspective, stating “We know that there is a long history of racist police killings and violence that targets Chicano communities and immigrants from Mexico and Central and South America. The racism and exploitation we experience exist because they are rooted in the oppression of Aztlan, so we need to fight for our self-determination!”

CSO OC organized the protest, which was also attended by PSL, members of Union Del barrio (UDB), and community members who knew Jaden Michaca. CSO is a grassroots, working-class organization that fights for community control of the police and legalization for all the undocumented. They hold general meetings every third Thursday in Santa Ana and can be reached on Instagram @cso.oc or on Facebook, CSO Orange County. Their police crimes hotline is 714-367-6350.

#SantaAnaCA #CA #OrangeCounty #CSOOC #JadenMichaca #OppressedNationalities #InjusticeSystem

Santa Ana, CA – On Monday, June 15, Community Service Organization Orange County (CSO OC) served a demand letter to the Santa Ana Police Department (SAPD) and the city of Santa Ana threatening to sue if they do not immediately start producing records of the in-custody death of Freddie DeAngelo Washington.

Despite multiple public records act requests, SAPD has only produced a tiny handful of records, and none in over a year. This is far fewer records than SAPD has released in other cases. These delays give the impression that SAPD is hiding something, because what the public already knows about the brutality of the case is shocking.

Back on January 15, 2025, six SAPD officers broke into Washington’s hotel room and arrested him. As two officers pinned him to bed, one officer punched Washington in the back of the head twice. Police wrestled him to the ground, threatened to tase him, and tied down his arms and legs using a restraint device called “the wrap.” According to the police report, later that night Washington was put in a restraint chair and placed in a cell at Santa Ana Jail.

At least one officer with a prior history of violence can be identified in the arrest footage: Isaac Ibarra, who helped with the arrest and helped prepare the restraint device for Freddie Washington. Ibarra was one of the officers who killed unarmed 31-year-old Noe Rodriguez in 2024, shooting him 11 times and lying about what Rodriguez was doing before the shooting.

In Santa Ana Jail the day after Freddie Washington’s arrest, he fainted and officers placed him on his side. When Washington woke and flailed his legs, police violently pinned him to the tile floor with their knees for almost four minutes. Washington was tied down to a restraint chair, hooded with a spit mask and put back in a cell. Public Information Officer Natalie Garcia said that “at some point, jail staff determined the suspect did not appear to be breathing.” He was taken to the hospital and pronounced dead.

As of Tuesday June 16, SAPD Records Division deleted public messages from the website, but CSO OC members preserved these records beforehand.

Meanwhile, the family of Freddie Washington has been left in the dark. Washington’s sister, Moesha Hightower, described him as “a country boy from Aitken, South Carolina who loved to cook, to travel, and to take care of his daughter.” In fact, SAPD incorrectly stated Washington was from Ventura County when he was in California to fight for custody of his daughter.

Washington’s mother, Beatrice Hightower, said he was “a family man and an honest child who helped Beatrice and his sisters.” She misses him bitterly and said she had to bury Washington on his birthday. Washington’s family demands justice for his death and for the officers involved to be held accountable.

Six years since the racist killing of George Floyd by killer cop Derek Chauvin, the brutality of Washington’s arrest and death by SAPD speaks for itself. This was another racist killing, and SAPD cannot be trusted to carry out investigations into their own officers.

This is why CSO OC fights for community control of the police. The public has a basic right to decide on police matters where they live, including how in-custody deaths are investigated and how police are held accountable for acts of brutality.

#SantaAnaCA #CA #OrangeCounty #FreddieWashington #InjusticeSystem #PoliceAccountability #CSO #CSOOC #Featured

Santa Ana, CA – The Santa Ana Police Department (SAPD) shot and killed an unnamed 16-year-old inside his own apartment on Sunday, June 14. SAPD released multiple statements to justify the killing hours before caution tape came down or police had even left the scene. This killing happened just four and a half months after the last teenager, 18-year-old Chicano Victor Lopez, was killed by SAPD.

On Monday, June 15, Community Service Organization Orange County (CSO OC) members investigated the apartment complex to learn more about the victim.

Police said they were called about a family disturbance. Reports said the 53-year-old boyfriend of the “suspect’s” mother reported that the 16-year-old had stabbed him with a knife, was “under the influence” and was “vandalizing property.” When they arrived, police said they told the teenager to drop the knife and when he refused, they shot him.

But the public has a right to be skeptical. Police often use these reports to justify their killings, calling their victims suspects, emphasizing how dangerous they are, and focusing on drug use and property damage to mark people for death. The public never gets the bigger picture behind the story. And police never ask if they could solve the problem without violence.

CSO OC members went door to door to learn what happened from neighbors and to connect with the impacted family. Multiple neighbors said they heard police breaking down a door. One said she heard between ten and 20 gunshots, and a mother crying out, “You killed my baby!” CSO OC met members of the family weeping just feet away from their taped-off complex. These details start to paint a different picture from the story the police project in their social media and local news outlets.

CSO OC will be having a protest on behalf of the family and all victims of police crimes in Santa Ana on Friday, June 19 at 6 p.m. at the intersection of W McArthur Boulevard and S Main Street.

These victims include people like 18-year-old Victor Lopez, who just four months earlier was chased by SAPD into a parking structure. But what SAPD failed to mention was that it was his own apartment complex, or that they shot Lopez three times in the back while he was attempting to surrender. They do not mention that Lopez was driving with his fiancé and one-year-old son. Instead, they focus on a firearm he dropped while exiting the vehicle, which is not a death sentence, and the firearm was not used. SAPD claims it does not need to release more body camera footage to the public but faces yet another civil rights lawsuit for the police killing.

All of this is why CSO OC fights for community control of the police. We have a basic right to decide on all police matters where we live. That includes the ability to have independent and transparent investigations into these killings, and the ability to hold police accountable for killing our children. If you would like to meet us or would like our support as an organization, please reach out at Instagram, Facebook, or email at orangecountycso@gmail.com.

#SantaAnaCA #CA #InJusticeSystem #KillerCops #OppressedNationalities #ChicanoLatino #CSOOC

Santa Ana, CA – 28 people, including residents of Coach Royal Mobile Home Park, families impacted by police killings, and members of Community Service Organization Orange County (CSO OC), flooded Santa Ana City Council on Tuesday, May 19.

Outside the chamber, CSO OC’s Immigration Committee rallied to demand Kingsley Corporation get out of Coach Royal Mobile Home Park.

Inside the chamber, CSO’s Police Accountability Committee delivered their petition demanding that Santa Ana Police Department Officers Luis Casillas and Isaac Ibarra be fired for killing Noe Rodriguez. May 19 was the anniversary of Rodriguez’s birthday.

Coach Royal resident Karla Alvarado said, “We had our rent stabilization meeting almost a month ago, and we are asking for the video of that event, and the city is trying to deny us access to it!” At that meeting, Kingsley denied residents access to Spanish interpretation or designated witnesses, and they barred observers from entering the meeting. But protests from residents forced city staff to “realize” that residents were entitled to these rights.

“¡Fuera Kingsley! ¡Fuera Kingsley!” chants were heard inside the chamber as people outside rallied. Santa Ana city staff tried drowning them out by raising the volume of the outdoor TV, but these backfired and caused residents to shout even louder.

Inside the chamber, Mayor Valerie Amezcua tried to silence the people, reading the city attorney’s statement which said there was nothing the city could do about Kingsley Corporation. Boos from the audience interrupted her. Threatening to stop the meeting, Amezcua slandered Coach Royal residents, claiming without evidence that they “had turned to making threats and acting physically aggressive with our city staff.”

Then the city council voted to limit public comment to one minute. Boos filled the chamber as Councilmembers Valerie Amezcua, Jessie Lopez, Phil Bacerra and Thai Viet Phan voted to silence the public.

CSO OC member Matthew Compton said, “You guys are really fucking scared of the Coach Royal people, and it’s really fucking shameful that you decided to cut it to one minute. Including you, Jessie! The Arzolas are sitting right there and they saw your bullshit. They canvassed for you and they supported you.”

The family of Albert Arzola, who was killed by Anaheim PD officer Nathan Garcia on December 1, 2025, has supported Lopez’s State Assembly run for weeks, because her opponent, Santa Ana Councilmember David Penaloza, is a loyal servant of the police.

Erika Armenta, the widow of Noe Rodriguez, approached the podium. On either side of her, CSO OC members held signs showing hundreds of petition signatures. As of May 21st, the petition stood at 638 signatures. It can be signed here.

Armenta said, “It has now been 504 days since December 1, 2024, since Officers Luis Casillas and Isaac Ibarra took the life of my daughters' father, Noe Rodriguez, in a hail of bullets; yet you have done nothing to fire them – you only seek excuses. The mayor, in particular, takes it upon herself to protect them, publicly offering her support to these so-called ‘peace officers’ without regard for the pain this causes us, those of us who have lost a loved one.”

Armenta held her phone to the microphone and shared a recording of her daughter’s voice. Her daughter said, “I am sad because today, it is my father’s birthday and I cannot hug him. I am frustrated because they stole his life, and the ones who did this continue to walk free.” Armenta held up a painting as the recording continued, “I made this drawing to remember his beautiful memory.”

As Armenta spoke, Councilmember Thai Viet Phan stared into space and ate yogurt.

David Pulido, a CSO OC member, said, “We are here today to present the early results of our petition for Justice for Noe Rodriguez.” Pulido continued, saying “Today would have been his birthday! And you robbed that time from him!” As the city cut his microphone, Pulido demanded Police Chief Robert Rodriguez fire the killer cops and led chants of “Luis Casillas? Lock him up! Isaac Ibarra? Lock him up!” Chants filled the chamber and the audience drowned out the mayor, forcing her to wait.

Guadalupe Barragan, a Coach Royal resident who has been fighting against Kingsley’s abuse for years, countered the mayor’s slanderous statement about Coach Royal residents. She pointed directly at Amezcua and said, “Hopefully you have proof of everything you just said, making accusations of my family! You know me, that we are working-class people. Yes, we are angry! Because Kingsley has been stealing our homes!”

CSO OC member Diana Terreros took the mic, saying, “It’s a shame that you are trying to slander the Coach Royal residents and saying that they’re threatening city staff. We have a video that shows that during their hearing, city staff was trying to put hands on them and trying to push out their supporters.” Terreros said, “You guys keep telling them to sue Kingsley, to submit their petitions, and do this and that on an individual basis. What we’re asking is for this to be treated as the systemic issue that it is. Everywhere that Kingsley is across the country, these issues are happening. It will not be solved by an individual lawsuit. Shame on you guys for doing absolutely nothing!”

As the public was leaving, city staff shamefully served Karla Alvarado a restraining order filed by a city staff employee named Maricela Marquez, who was present at the April 29 Rent Stabilization Division meeting. Alvarado will appear in court on May 29.

These attacks will not stop CSO OC from fighting alongside the people. We demand Kingsley out of Santa Ana! We demand killer cops Luis Casillas and Isaac Ibarra be fired!

#SantaAnaCA #CA #InJusticeSystem #CSOOC #Housing

Santa Ana, CA – En la mañana del 29 de abril, gritos de “¡Fuera Kingsley!” resonaron afuera de la sala donde se reunía la División de Estabilización de Alquileres (RSD, por sus siglas en inglés). Los residentes del parque de casas móviles Coach Royal, junto con miembros de la Organización de Servicio Comunitario del Condado de Orange (CSO OC), tuvieron una conferencia de prensa antes de una audiencia con la RSD. Desde hace años, los residentes han sufrido abusos y acoso por parte de Kingsley Management Corporation, los propietarios del parque.

Kingsley ha tomado represalias, mediante desalojos injustos, contra aquellos residentes que se alzan en contra de su abuso de poder. La RSD tenía programado escuchar 18 peticiones relacionadas con estos desalojos injustos.

“¡Si gana Kingsley, pierden los inmigrantes!”, gritó Karla Alvarado, antes de dar inicio al evento con un emotivo testimonio. “He sido residente durante 28 años y fui desalojada; no por mala conducta ni por deber renta, sino porque quieren demostrarnos que se nos castiga por alzar la voz”.

Alvarado exigió justicia para todos los residentes que han sido desalojados mediante tácticas coercitivas y engañosas, declarando, “¡Queremos justicia en nuestra ciudad; nuestra gente está sufriendo! Kingsley les entrega a los residentes que hablan español documentos en inglés y, además, los presiona para que firmen bajo coacción. ¡Esto tiene que parar!”

Guadalupe Barragán, residente y activista de larga trayectoria en la defensa de los derechos de los inquilinos, tomó el micrófono para expresar sus demandas. “Lo que queremos hacer esta mañana es pedirles, nuevamente, pedirles al gobierno de la ciudad que nos ayuden, ya que hemos sido acosados, amenazados, abusados, robados, inclusive habido muertes en el parque de Kingsley. ¡Queremos que los funcionarios de la ciudad de Santa Ana nos ayuden a sacar a la corporación Kingsley!”.

El residente Julián Orozco compartió su experiencia con las tácticas de intimidación de Kingsley: “Se suponía que iba a recibir el título de mi casa después de cumplir el contrato y enviarles un giro postal de $300. Una semana después me dijeron que había sido un error e intentaron hacer un contrato adicional por otros tres o cuatro años. Querían que lo firmara para que pagara más. Rob McDonald (personal de Kingsley) se presentó en mi casa queriendo intimidarme para que firmara los papeles”.

Un miembro de CSO OC cerró la conferencia de prensa exigiendo la salida de Kingsley y solicitando la ayuda de los funcionarios gubernamentales para detener este abuso sistemático. Exigió justicia para Maria Pedraza, una ex residente de Coach Royal que se quitó la vida a consecuencia de los abusos sufridos a manos de Kingsley.

Mientras los residentes entraban al edificio para dar comienzo a la audiencia, los miembros de CSO OC continuaron gritando, “¡Fuera Kingsley! ¡Si gana Kingsley, el pueblo pierde!”.

Una vez dentro, el abogado de Kingsley, Ariel Badell, solicitó que se retirara de la sala los simpatizantes de los residentes, incluidos miembros de CSO OC, CHISPA, Clergy and Laity United for Economic Justice (C.L.U.E.) y Tenants United Anaheim (TUA). Dos funcionarios municipales se pusieron del lado de Kingsley. Tras la oposición de los simpatizantes, quienes citaron la Ordenanza de Estabilización de Alquileres, se determinó que los testigos tenían el derecho legal de estar presentes en la sala, por lo que permanecieron sentados.

Mientras se desarrollaba esta situación, llegaron vehículos del Departamento de Seguridad Nacional a la entrada del edificio. Se desconoce quién realizó la llamada, pero tanto los residentes como sus simpatizantes consideraron que se trataba de una táctica de intimidación, dado que muchos de los residentes son inmigrantes.

Al dar comienzo la audiencia, no ofrecieron servicios de interpretación a los peticionarios, a pesar de que muchos de los residentes eran hablantes monolingües de español. Los simpatizantes presentes solicitaron a los funcionarios municipales que facilitaran servicios de interpretación. El equipo legal de Kingsley se negó a proporcionar servicios de interpretación para su equipo, argumentando, Badell declaró que “legalmente no están obligados a ofrecer servicios de interpretación”. Los simpatizantes continuaron abogando por los peticionarios y exigieron que se les brindaran servicios de interpretación hasta que los funcionarios de la ciudad finalmente aceptaron.

Más tarde, cuando un concejal y una reportera intentaron observar la audiencia, el equipo de Badell intentó expulsar al funcionario y a los medios de comunicación. Ella amenazó con demandar a la ciudad por su participación y afirmó que la audiencia se estaba “convirtiendo en un circo”. Después de revisar las políticas y procedimientos de la audiencia de peticiones, los funcionarios municipales determinaron que, en efecto, la reportera y el funcionario electo tenían permitido estar presentes en la audiencia.

En general, los funcionarios de la ciudad de Santa Ana permitieron inicialmente que el equipo de Kingsley Management Corporation intentara impedir que los peticionarios ejercieran sus derechos durante la audiencia, como el acceso a servicios de interpretación, la presencia de testigos y el ingreso de observadores a la sala de audiencias.

La ciudad de Santa Ana se mantiene cómplice de las prácticas abusivas de Kingsley Management Corporation de atropellar las audiencias y las negociaciones de acuerdos de los residentes de Coach Royal. Solo se escucharon ocho de las 18 peticiones presentadas. Los residentes de Coach Royal recibirán el veredicto de sus audiencias en 30 días.

#SantaAnaCA #CA #InJusticeSystem #Housing #PeoplesStruggles

Santa Ana, CA – On May 1, nearly 300 people packed into Sasscer Park for International Workers’ Day. The rally and march, which also commemorated the 20th anniversary of the immigrant mega marches, was organized by the Orange County May Day Coalition. The energy in the crowd grew as the emcee of the rally, Abe Quintana from Community Service Organization Orange County (CSO OC) led chants of “ICE out of Santa Ana! ICE out of OC!”

Michelle Ceballos from UAW started by emphasizing “the wealthy have extracted more and more profit from us, kept our wages low, raised prices, and bought out our politicians! It doesn’t have to be this way! May Day reminds us that when we fight, we win!”

Speaking on the immigrant mega marches 20 years ago Ceballos added, “In 2006, on a Day Without an Immigrant, millions hit the streets to defeat an anti-immigrant law, and won. In January, hundreds of thousands across the U.S. shut it down, to get ICE to back off. Today, people joined the call to shut it down again, to keep building momentum for a mass movement!”

Erika Armenta, the wife of Noe Rodriguez, a man who was killed by Santa Ana Police Department (SAPD) is also a member of CSO OC. Armenta told the crowd, “We need community control of the police to ensure that officers who have taken the lives of our loved ones face consequences-specifically, that they be fired and subsequently imprisoned. They must be held accountable for the lives they have unjustly snatched away!”

Armenta also spoke of CSO OC’s fight for immigrant rights, “Our Immigration Committee works with the working-class immigrants of the Coach Royal mobile home park who are fighting unjust evictions and abuse from Kingsley Management Corporation.”

Hussein Imreish from the Palestinian Youth Movement said,“ For the past two years we have seen how essential the labor movement is for Palestine. Through our campaigns such as Mask of Maersk and the Peoples Arms Embargo we have connected with principled and dedicated workers who reject the imperialist forces inflicting violence and exploiting our people.”

Diana Terreros from Freedom Road Socialist Organization Orange County (FRSO OC) kicked off her speech by saying, “Immigrants are super exploited to increase the profits of the billionaires.” Terreros spoke about the local example of Kingsley. “They do illegal terrible things to the residents all for profit and then count on the residents being too afraid to fight back due to their status. They have even threatened to call ICE on them! Shame!” Terreros finished with a call to action by saying, “We are an organization of fighters working shoulder to shoulder with the working class and have a real strategy to build a united front against these capitalists and you should join us in this fight!”

Gaby Hernandez from Chicanos Unidos stated, “We have worked heavily and led the campaign against gang injunctions. Gang injunctions create prisons in our communities without walls.” Hernandez added that “We started fighting against injunctions in 2006 and just a few months ago we were able to shut down injunctions here in Orange County!”

At the height of the rally, the large crowd started marching. The protesters stopped traffic, fully taking over the road, chanting “ICE out of OC!”, “Donald Trump, let’s be clear! Immigrants are welcome here!” and “Jail killer cops!” throughout downtown as the crowd filled the busy streets.

The crowd held up signs saying “No Ice! Stop the deportations,” “Workers Forever, CEOs never” and “Fight for workers' and immigrants’ rights” while passing cars gave honks of support.

While marching, David Pulido, a member of FRSO OC and a chant leader for the march, brought attention to the parking lot where 73-year-old Miguel Chavez was brutally arrested by the SAPD in 2022. “They shot him with less-lethal rounds and sicced a K-9 dog at him! He later died from his wounds!” This started powerful chants of “Justice for Miguel Chavez!” and “Jail killer cops!”

This OC May Day coalition was comprised of and included organizers from CSO OC, OC DSA, FRSO OC, UAW, Harbor Institute, El Centro Cultural de Mexico, Code Pink OC, OC Peace Coalition, CHIRLA, Orange County Banner Drop, OC Mutual Aid, Chicanos Unidos, Palestinian Youth Movement Orange County Environmental Justice, General Strike US, Nuestras Manos, Santa Ana Lucha, Santa Ana Active Streets, Save Orange Hills, Green Party of OC, Union de Barrio, VietRISE and Climate Action Campaign and.

#SantaAnaCA #CA #OC #OrangeCounty #MayDay #InternationalWorkersDay #ImmigrantRights #Labor #CSOOC

Santa Ana, CA – On the morning of April 29, chants of “Fuera Kingsley!” rang outside the room where the Rent Stabilization Division (RSD) was meeting. Coach Royal mobile home park residents, alongside members from Community Service Organization Orange County (CSO OC), held a press conference before a hearing with the RSD. The residents have been facing abuse and harassment from Kingsley Management Corporation, the owners of the park, for years.

Kingsley has retaliated against residents who stand up against their abuse of power with unjust evictions. The RSD was scheduled to hear 18 petitions regarding these unjust evictions.

“If Kingsley wins, immigrants lose!” chanted Karla Alvarado, before kicking off the event with an emotional testimony. “I have been a resident for 28 years and I was evicted, not for misbehaving or owing rent, but because they wanted to show us we get punished for speaking up.”

Alvarado demanded justice for all residents who have been evicted through coercive and deceitful tactics, stating, “We want justice in our city, our people are hurting! Kingsley is giving the Spanish-speaking residents documents in English and also pressures them to sign under duress. This needs to stop!”

Guadalupe Barragan, longtime tenant rights activist and resident, got on the mic to state her demands. “What we are hoping to accomplish here today is to ask once again for city officials to help us, as we have been harassed, threatened, abused, robbed, and caused death! We want Santa Ana city officials to help us get Kingsley corporation out!”

Resident Julian Orozco shared his experience with Kingsley intimidation tactics: “I was supposed to get the title to my home after I had completed the contract and sent them a $300 money order. A week later they told me it had been a mistake and tried to do an additional contract for another three or four years. They tried to get me to sign it so that I would pay more. Rob McDonald [Kingsley staff], showed up at my house trying to intimidate me to sign the papers.”

A CSO OC member closed out the press conference demanding Kingsley get out and for help from government officials to stop this systemic abuse. He demanded justice for Maria Pedraza, a former Coach Royal resident who took her life due to the abuse at the hands of Kingsley.

As residents entered the building to begin the hearing, CSO OC members continued to chant, “Kingsley out! If Kingsley wins, the people lose!”

Once inside, Kingsley’s lawyer Ariel Badell motioned to have resident supporters removed from the chambers, including members from CSO OC, CHISPA, Clergy and Laity United for Economic Justice (C.L.U.E.) and Tenants United Anaheim (TUA). Two city officials sided with Kingsley. After pushback from supporters citing the Rent Stabilization Ordinance , it was determined that witnesses were lawfully allowed to be present within the chamber and remained seated.

As this situation unfolded, Department of Homeland Security vehicles arrived just outside the building’s entrance. It is unknown who made the call, but residents and supporters believed it was used as an intimidation tactic, as many of the residents are immigrants.

As the hearing began, petitioners were not provided interpretation services despite many of the residents being monolingual Spanish speakers. Supporters present requested the city officials to provide interpretation services. Kingsley’s law team refused to provide interpretation services for their team, as Badell stated that they are “legally not obligated to provide interpretation services.” Supporters continued to advocate for the petitioners and demanded they receive interpretation services until city officials eventually accepted.

Later, as a city council member and reporter attempted to observe the hearing, Badell’s team attempted to remove the official and media. She threatened to sue the city for its involvement and claimed the hearing was “turning into a circus.” After reviewing the policies and procedures of the petition hearing, city officials ruled that the reporter and the elected city official were indeed allowed to be present at the hearing.

Overall, Santa Ana city officials initially allowed the Kingsley Management Corporation team to attempt to prevent the petitioners from exercising their rights within the hearing, such as access to interpretation services, allowing designated witnesses, and allowing for observers to enter the hearing room.

The city of Santa Ana remains complacent to Kingsley Management Corporation’s exploitative practices of steamrolling Coach Royal residents’ hearings and settlement negotiations. Only eight out of the 18 petitions were heard. The Coach Royal residents will receive the verdict of their hearings within 30 days.

#SantaAnaCA #CA #PeoplesStuggles #Housing CSOOC #CLUE #TUA

Santa Ana, CA – El martes 21 de abril, los residentes del parque de casas móviles Coach Royal exigieron que Kingsley Management Corporation se retire de su parque. La Organización de Servicio Comunitario del Condado de Orange (CSO OC) se unió a ellos para exigir que el Concejo Municipal intervenga ante años de acoso, desalojos injustos, robo de viviendas e intimidación por parte de la corporación. Este abuso resultó en el suicidio de la residente María Pedraza, cuya vivienda estaba en proceso de serle arrebatada después de años de sacrificios para comprarla.

Karla Alvarado, una de las residentes a quien le robaron su vivienda, declaró: “La ciudad de Santa Ana ya se ha reunido con 45 residentes que pueden dar testimonio de esto. 45 residentes y contando. Hemos hablado con personas de múltiples parques. Las historias son iguales, las tácticas son iguales y los resultados también. Esa es la definición de un problema sistémico.”

Lupe Barragán, residente y organizadora, miró y señaló directamente a cada miembro del concejo mientras hablaba. “¡Necesitan responder! Phil Bacerra, tú trataste de intimidarnos cuando fuimos a tu oficina. Tú, Jonathan Hernández, necesitamos que nos respondas también. Fuiste y nos apoyaste, y necesitamos más de tu apoyo. City Manager, necesitamos de tu ayuda. Valerie Amezcua, sé que mi presencia no te agrada, pero nos dijiste que ibas a sacar las armas grandes. ¡Te estamos esperando!” Mientras se retiraba, la alcaldesa Amezcua se río de ella. Barragán se dio la vuelta, señaló a Amezcua y la reprendió por su falta de respeto.

Sylvia Ayala, otra residente, le dijo al consejo: “Tengo 40 años aquí y nunca he recibido alguna ayuda de ustedes. Porque ustedes no se preocupan por el pueblo; ustedes se preocupan por ustedes mismos. Trabajan, ciertamente. Pero nosotros tenemos que trabajar todavía más que ustedes. Las humillaciones que nos hacen los que tienen dinero no son justas.”

Mientras los residentes hablaban, miembros de CSO OC y residentes desplegaron una pancarta que decía: “¡Kingsley fuera!”. La cámara comenzó a cambiar de ángulo con frecuencia para evitar mostrar la pancarta en la pantalla. En un momento dado, cuatro agentes de la policía de Santa Ana se acercaron a los organizadores y les indicaron que debían trasladarse a la parte trasera si iban a sostener una pancarta, a pesar de que nadie se había quejado de tener la visibilidad obstruida.

Cuando Rain Mendoza, de CSO OC, subió para hablar durante el turno de comentarios públicos, primero alzó la pancarta y le dijo al consejo que la mirara y la mostrara ante las cámaras.

Mendoza respondió a la frecuente postura del consejo de que no pueden hacer nada porque el parque es propiedad privada, diciendo: “Ustedes demandaron a El Centro Cultural de México, un pilar de esta comunidad, para así poder utilizar a sus policías para tirar a la basura las pertenencias de las personas sin hogar y expulsarlas de un lugar donde los propietarios privados les habían permitido permanecer. Entonces, ¿pueden hacer todo eso y utilizar los tribunales, la policía y todos sus recursos para aterrorizar a una comunidad sumamente vulnerable, pero no pueden mover un solo dedo cuando hay una empresa que opera en Santa Ana y que actúa como una banda de matones? ¡Debería darles vergüenza!”

Diana Terreros, de CSO OC, recordó al consejo que los residentes de Coach Royal son, en su mayoría, inmigrantes de clase trabajadora quienes sus hogares constituyen su refugio durante la administración Trump. Terreros declaró: “Las acciones de Kingsley van en contra del espíritu de toda la ordenanza de ciudad santuario. Están explotando el miedo de los inmigrantes en Santa Ana. Esperan que ese miedo sea suficiente para obligar a los residentes a mantener la cabeza baja y la boca cerrada. Están explotando a esta comunidad y su temor para aumentar sus ganancias, robándoles sus hogares. Se trata de una corporación multimillonaria de Utah. ¿Por qué permitimos que exploten a Santa Ana de esta manera?”

Otro miembro de CSO OC resumió los cientos de miles de dólares que los grupos que representan a los propietarios de parques de casas móviles han donado en contra de la campaña a favor de la Ordenanza de Estabilización de Alquileres y Desalojo por Causa Justa, la cual fue aprobada en octubre de 2021. También han realizado donaciones a las campañas de los miembros del concejo. Él preguntó a los concejales: “¿Es esto lo que influye en sus frecuentes respuestas de que no hay nada que puedan hacer para hacer cumplir la ley ante lo que ustedes saben que son actos injustos e ilegales cometidos por Kingsley contra los residentes de Coach Royal?”

#SantaAnaCA #CA #PeoplesStruggles #KingsleyCorporation #CoachRoyal #OrangeCounty #CSOOC