Santa Ana, CA – 28 personas, incluyendo residentes del parque de casas móviles Coach Royal, familias afectadas por muertes a manos de la policía y miembros de la Organización de Servicio Comunitario del Condado de Orange (CSO OC) fueron al Concejo Municipal de Santa Ana el martes 19 de mayo.

Fuera del salón del concejo, el Comité de Inmigración de CSO OC se manifestó para exigir que Kingsley Corporation se retire del parque de casas móviles Coach Royal.

Dentro del salón, el Comité de Responsabilidad Policial de la CSO entregó su petición exigiendo que los agentes del Departamento de Policía de Santa Ana, Luis Casillas e Isaac Ibarra, sean despedidos por haber matado a Noe Rodríguez. El 19 de mayo coincidía con el cumpleaños de Rodríguez.

Karla Alvarado, residente de Coach Royal, declaró, “Tuvimos nuestra reunión sobre la estabilización de alquileres hace casi un mes, y estamos solicitando el video de ese evento, ¡y la ciudad está tratando de negarnos acceso!”. En dicha reunión, Kingsley negó a los residentes el acceso a servicios de interpretación al español o a la designación de testigos, y prohibieron la entrada de observadores a la sesión. Sin embargo, las protestas de los residentes obligaron al personal municipal a “darse cuenta” de que los residentes tenían derecho a esas garantías.

Dentro del salón de sesiones se escuchaban los cánticos de “¡Fuera Kingsley! ¡Fuera Kingsley!”, mientras que en el exterior la gente se manifestaba. El personal de la ciudad de Santa Ana intentó a callar las voces subiendo el volumen del televisor situado en el exterior; la estrategia resultó contraproducente y provocó que los residentes gritaran aún con más fuerza.

Dentro del salón, la alcaldesa Valerie Amezcua intentó silenciar a los residentes leyendo una declaración del abogado de la ciudad, en la que se afirmaba que no había nada que la ciudad pudiera hacer con respecto a Kingsley. Los abucheos del público la interrumpieron. Amenazando con suspender la sesión, Amezcua difamó a los residentes de Coach Royal, alegando, sin presentar prueba alguna, que estos “habían recurrido a proferir amenazas y a actuar con agresividad física hacia nuestro personal municipal”.

El concejo municipal votó a favor de limitar el tiempo de comentarios del público a un minuto. Los abucheos llenaron el salón mientras los concejales Valerie Amezcua, Jessie Lopez, Phil Bacerra y Thai Viet Phan votaban para silenciar al público.

Matthew Compton, miembro de CSO OC, declaró, “Ustedes están realmente jodidamente asustados de los residentes de Coach Royal, y es verdaderamente jodidamente vergonzoso que hayan decidido reducir el tiempo a un minuto. ¡Incluida tú, Jessie! Los Arzolas están sentados justo ahí y han sido testigos de sus mierdas. Fueron tocando puerta a puerta por ti y te brindaron su apoyo”.

La familia de Albert Arzola, quien fue asesinado por el agente de la policía de Anaheim, Nathan Garcia, el 1 de diciembre de 2025, han apoyado durante semanas la candidatura de Lopez a la Asamblea Estatal, dado que su oponente, el concejal de Santa Ana David Penaloza, es un leal servidor de la policía.

Erika Armenta, viuda de Noe Rodriguez, se dirigió al podio. A ambos lados de ella, miembros de CSO OC sostenían carteles que exhibían cientos de firmas de una petición. Al 21 de mayo, la petición sumaba ya 638 firmas. Puede firmar aquí.

Armenta declaró, “Han pasado ya 504 días desde el 1 de diciembre de 2024, que los oficiales asesinos Luis Casillas e Isaac Ibarra le quitaron la vida al padre de mis hijas, Noe Rodríguez, en una lluvia de balas; sin embargo, ustedes no han hecho nada. La alcaldesa, en particular, se encarga de protegerlos, ofreciendo públicamente su apoyo a estos supuestos ‘agentes de la paz’ sin consideración alguna el dolor que esto nos causa a nosotras, quienes hemos perdido a un ser querido.”.

Armenta acercó su teléfono al micrófono y reprodujo una grabación de la voz de su hija. Su hija decía, “Me siento triste porque hoy es el cumpleaños de mi papá y no puedo abrazar. Me siento frustrada porque le arrebataron la vida, y los quienes hicieron esto todavía siguen libres”. Mientras la grabación continuaba, Armenta alzó un dibujo, “Le hice este dibujo para recordar su bonita memoria”.

Mientras Armenta hablaba, la concejala Thai Viet Phan miraba al vacío y comía yogur.

David Pulido, miembro del CSO OC, declaró, “Estamos aquí hoy para presentar los resultados preliminares de nuestra petición de justicia para Noe Rodríguez”. Pulido continuó diciendo, “¡Hoy habría sido su cumpleaños! ¡Y ustedes le robaron ese tiempo!”. Mientras la ciudad le cortaba el micrófono, Pulido exigió al jefe de policía, Robert Rodríguez, que despidiera a los policías asesinos y encabezó los cantos, “¿Luis Casillas? ¡Encierrenlo! ¿Isaac Ibarra? ¡Enciérrenlo!”. Los cánticos llenaron el salón y el público ahogó la voz de la alcaldesa, obligándola a guardar silencio.

Guadalupe Barragán, residente de Coach Royal que lleva años luchando contra los abusos de Kingsley, refutó las declaraciones calumniosas de la alcaldesa sobre los residentes de Coach Royal. Señaló directamente a Amezcua y exclamó, “¡Ojala que tengas pruebas de todo lo que acaba de decir ahorita acusando a mi familia! Tu me conoces y somos gente trabajadora. ¡Sí, estamos enojados! ¡Porque Kingsley están robando las casas!”.

Diana Terreros, miembro del CSO OC, tomó el micrófono y dijo, “Es una vergüenza que intenten calumniar a los residentes de Coach Royal, alegando que están amenazando al personal municipal. Tenemos un video que demuestra que, durante su audiencia, el personal de la ciudad intentó ponerles las manos encima y trató de expulsar a los testigos”. Terreros continuó, “Ustedes no dejan de decirles que demanden a Kingsley, que presenten sus peticiones y que hagan esto y aquello de manera individual. Lo que nosotros exigimos es que esto se aborde como el problema sistémico que realmente es. En todos los lugares del país donde opera Kingsley, se están produciendo estos mismos problemas. Esto no se resolverá con una demanda individual. ¡Qué vergüenza les debería dar no hacer absolutamente nada al respecto!”.

Mientras el público se retiraba, personal de la ciudad notificó vergonzosamente a Karla Alvarado una orden de restricción presentada por una empleada municipal llamada Maricela Márquez, quien estuvo presente en la reunión de la División de Estabilización de Alquileres del pasado 29 de abril. Alvarado deberá comparecer ante el tribunal el 29 de mayo.

Estos ataques no impedirán que CSO OC siga luchando codo con codo junto al pueblo. ¡Exigimos que Kingsley se vaya de Santa Ana! ¡Exigimos el despido de los policías asesinos Luis Casillas e Isaac Ibarra!

#SantaAnaCA #CA #OrangeCounty #CSOOC #Kingsley #CoachRoyal #PeoplesStruggles

Santa Ana, CA – Dieciséis personas, entre ellas familiares de Jaden Michaca, abogados del bufete Carillo Law Firm y miembros de la Organización de Servicio Comunitario del Condado de Orange (CSO OC), se congregaron frente al Departamento de Policía de Santa Ana (SAPD) para exigir justicia para Jaden Michaca el martes 23 de junio. Michaca tenía solo 15 años y estaba sufriendo una crisis de salud mental cuando fue asesinado por la policía apenas nueve días antes.

Maribel Michaca, la mamá de Jaden, explicó cómo el SAPD distorsionó el incidente. Las declaraciones de la policía dieron a entender que estaban respondiendo a una llamada por un altercado familiar que terminó en un apuñalamiento. Maribel explicó que llamó al 911 para que atendieran una crisis de salud mental, y que en el pasado había llamado al 911 para que un equipo psiquiátrico calmara estas situaciones. Además, Maribel dijo que su pareja no fue apuñalada, sino que se hizo un rasguño accidentalmente al intentar quitarle un cuchillo a Jaden durante su crisis.

Pero esta vez enviaron a dos agentes de policía. Cuando la policía irrumpió en su departamento, Maribel dijo, “¡Por favor, no disparen! ¡Por favor, no disparen! ¡Mi hijo está pasando por una crisis de salud mental!”. En la conferencia de prensa, Maribel explicó, “Yo estaba parada junto a él y a ellos no les importó. Simplemente comenzaron a disparar, una bala tras otra. Ni siquiera les importó que mi propia vida estuviera en peligro”. Maribel recibió un balazo en la mano y su pulgar derecho quedó inmovilizado con una férula. Ella dijo, “Mi hijo no representaba ningún peligro para mí. Estaba más en peligro por los disparos de la policía, que podrían haberme matado a mí y a mi hijo”.

Michael Carillo, uno de los abogados que representa a la familia, dijo que estaban presentando una demanda contra el gobierno de la ciudad de Santa Ana y el SAPD, en la que acusan a los oficiales de negligencia y de no haber logrado calmar la situación. La forma en que el SAPD respondió ante Jaden Michaca fue similar a la de otros casos de muertes a manos de la policía, como los de Henry González Jr. y Noe Rodríguez, quienes también estaban sufriendo una crisis de salud mental y luego fueron criminalizados y asesinados por la policía.

Los familiares sostenían fotos grandes de Jaden, en las que se le veía acunando a su gato, abrazando a su familia frente a un pastel de cumpleaños y de pie junto a su madre. Otros sostenían pancartas de CSO OC en las que se leía, “Justicia para Jaden Michaca”, “Publicen las grabaciones de las cámaras corporales”, “Publicen el informe de la autopsia” y “Encarcelen a los policías asesinos”.

Jasmine Michaca, la tía de Jaden dijo, “Jaden siempre fue un niño muy cariñoso. Pasé la mayor parte de mi infancia junto a él. A Jaden le empezó a gustar Pokémon y cada vez que venía a casa, me mostraba su colección”.

En los últimos dos años, Jaden comenzó a sufrir trastorno bipolar. Su mamá lo sacó de la escuela pública y empezó a tomar clases en línea y a recibir ayuda. Jasmine compartió su último recuerdo de su sobrino, diciendo, “Acababa de regresar de la Universidad de California en Santa Bárbara. Pasamos el fin de semana juntos y él estaba tan emocionado de verme. Me había llamado dos semanas antes. Recuerdo que un día estábamos sentados en la sala y me contaba que no había podido terminar la preparatoria. Quería ir a la universidad y seguir una carrera como mecánico. Le dije que si alguna vez necesitaba ayuda, yo estaría ahí para apoyarlo”. Ella lloró y abrazó a la madre de Jaden.

Maribel Michaca dijo, “Lo que pido hoy es justicia para mi hijo. No merecía morir de esa manera. Era un niño cariñoso. ¡Tenía planes! ¡Tenía un futuro!”.

La multitud coreó, “¡Justicia para Jaden! ¡Justicia para Jaden! ¡Justicia para Jaden!”.

CSO OC exige el control comunitario de la policía, y luchamos junto a las familias afectadas por la policía. Si te interesa unirte a nuestro trabajo, ponte en contacto con nosotros en Instagram, Facebook, o correo electrónico a orangecountycso@gmail.com.

#SantaAnaCA #CA #OrangeCounty #JadenMichaca #InjusticeSystem #OppressedNationalities

Santa Ana, CA – Sixteen people, including members of Jaden Michaca’s family, lawyers with Carillo Law Firm, and members of Community Service Organization Orange County (CSO OC) crowded outside Santa Ana Police Department (SAPD) to demand justice for Jaden Michaca on Tuesday, June 23. Michaca was only 15 years old and suffering a mental health crisis when he was killed by police just nine days before.

Maribel Michaca, Jaden's mother, explained how SAPD distorted the incident. Police statements made it sound like they were responding to a call about a family disturbance that resulted in a stabbing. Maribel explained that she called 911 to respond to a mental health crisis, and that in the past she called 911 to have a psychiatric team de-escalate these situations. Additionally, Maribel said her partner was not stabbed but accidentally scratched trying to take away a knife from Jaden during his crisis.

But this time two police officers were sent. When police broke into her apartment Maribel said, “Please do not shoot! Please do not shoot! My son is having a mental health crisis!” At the press conference Maribel explained, “I was standing next to him and they did not care. They just started shooting – one bullet after another bullet. They didn’t even care about my own life being in danger.” Maribel’s hand was shot and her right thumb was immobilized in a brace. She said, “I was not in danger from my son. I was more in danger from the police shooting at me and killing my son.”

Michael Carillo, one of the lawyers representing the family, said they were filing a government claim against the city of Santa Ana and SAPD, accusing the officers of negligence and a failure to de-escalate the situation. The way SAPD responded to Jaden Michaca was similar to other police killings, such as that of Henry Gonzalez Junior and Noe Rodriguez, who were also suffering a mental health crises and then criminalized and killed by police.

Family members held large photos of Michaca, where he was shown cradling his pet cat, embracing family in front of a cake for his birthday, and standing with his mother. Others held CSO OC signs that read, “Justice for Jaden Michaca,” “Release the body camera footage,” “Release the autopsy report” and “Jail killer cops.”

Jasmine Michaca, Jaden’s aunt, said “Jaden was always such a loving kid. I spent most of my childhood growing up with him. Jaden started developing a liking for Pokémon, and every time he would come home, he would show me his collection.”

In the last two years Jaden began experiencing bipolar disorder. His mother pulled him from public school, and he began taking online classes and receiving help. Jasmine shared her last memory of her nephew, saying “I just came back recently from UC Santa Barbara. Spending the weekend together, he was just so excited to see me. He had called me two weeks prior. I remember one day we were sitting in the living room, and he was telling me he didn’t get to finish high school. He wanted to go to college and pursue a career as a mechanic. I told him if he ever needs help, I will be there with him.” She wept and embraced Jaden’s mother.

Maribel Michaca said, “What I’m asking for today is justice for my son. He did not deserve to die the way he did. He was a loving child. He had plans! He had a future!”

The crowd chanted, “Justice for Jaden! Justice for Jaden! Justice for Jaden!”

CSO OC demands community control of the police, and we fight alongside families impacted by police. If you are interested in joining our work, please reach out on Instagram or Facebook, or email at orangecountycso@gmail.com.

#SantaAnaCA #CA #OrangeCounty #CSOOC #OppressedNationalities #InjusticeSystem #JadenMichaca

Santa Ana CA – The afternoon of Saturday, June 19, 25 people, including members of Community Service Organization Orange County (CSO OC) and concerned community members, gathered to demand accountability and transparency after yet another resident was killed by Santa Ana Police Department (SAPD) earlier that week.

Chants of “Justice for Jaden Michaca!” and “¡Basta policías asesinos!” could be heard over rush hour traffic at the intersection of the apartment complex where Jaden Michaca was killed.

Michaca was only 15 years old when SAPD officers shot him to death the night of June 14. Early reports from the department offer no details of the officer-involved shooting but justified the officer’s actions by stating that the “suspect” had a knife and was under the influence when they responded to a domestic call. Community members immediately called out SAPD’s statements online and in person, condemning the department for the killing and advocating for stronger community oversight of the department.

David Pulido, a member of CSO OC, opened the event with “We’ve seen enough of these police statements and met enough of their victims to know that we should not trust the police! They criminalize the victim by focusing on drug use and property damage to mark them for death!”

A school counselor who knew Jaden Michaca attended the protest and countered early attempts by police to paint him as a criminal. She stated Michaca “had the biggest heart of any kid I’ve worked with, he was sweet and kind, but he happened to be in a body that looked a little bit older, and that of a Chicano male. I can’t deny that that was a factor in what happened.” Michaca’s death is one of many cases of Chicanos being killed by police across Orange County, including three teenage police shooting victims in the last seven months.

The protesters waved signs that demanded justice for the victim, including others that read “Release the names! Release the tapes!” They demanded the immediate publication of all unedited body camera footage, the full autopsy report, and the names of the officers who killed Michaca.

Attendees marched around the intersection of South Main and West Macarthur Boulevard, chanting “Jail killer cops!” while people driving by honked in support. A white cross decorated with fresh flowers and handwritten messages from the family had been set up near the intersection earlier that week to honor Jaden Michaca’s life.

Family members of Albert Arzola, a 19-year-old killed by Anaheim Police Department (APD) in December 2025, attended to show their support for Jaden Michaca’s family. Albert’s sister Pearl Arzola emphasized, “Jaden Michaca was a young kid, and instead of de-escalating the situation, the cops chose more violence! We need more accountability over Santa Ana PD, a young 15-year-old boy should not die because cops are trigger-happy.”

“I don’t know if you saw that the mayor of Santa Ana, she brushed this shooting off like it was nothing. What the fuck?” yelled CSO OC member Luis Herrera. The community booed and responded “Shame!” He then encouraged the crowd, “We need to unite and organize ourselves to fight for justice, because only through organized struggle can we win community control of the police!”

Abe Quintana of the Freedom Road Socialist Organization (FRSO) brought a historical perspective, stating “We know that there is a long history of racist police killings and violence that targets Chicano communities and immigrants from Mexico and Central and South America. The racism and exploitation we experience exist because they are rooted in the oppression of Aztlan, so we need to fight for our self-determination!”

CSO OC organized the protest, which was also attended by PSL, members of Union Del barrio (UDB), and community members who knew Jaden Michaca. CSO is a grassroots, working-class organization that fights for community control of the police and legalization for all the undocumented. They hold general meetings every third Thursday in Santa Ana and can be reached on Instagram @cso.oc or on Facebook, CSO Orange County. Their police crimes hotline is 714-367-6350.

#SantaAnaCA #CA #OrangeCounty #CSOOC #JadenMichaca #OppressedNationalities #InjusticeSystem

Santa Ana, CA – On Monday, June 15, Community Service Organization Orange County (CSO OC) served a demand letter to the Santa Ana Police Department (SAPD) and the city of Santa Ana threatening to sue if they do not immediately start producing records of the in-custody death of Freddie DeAngelo Washington.

Despite multiple public records act requests, SAPD has only produced a tiny handful of records, and none in over a year. This is far fewer records than SAPD has released in other cases. These delays give the impression that SAPD is hiding something, because what the public already knows about the brutality of the case is shocking.

Back on January 15, 2025, six SAPD officers broke into Washington’s hotel room and arrested him. As two officers pinned him to bed, one officer punched Washington in the back of the head twice. Police wrestled him to the ground, threatened to tase him, and tied down his arms and legs using a restraint device called “the wrap.” According to the police report, later that night Washington was put in a restraint chair and placed in a cell at Santa Ana Jail.

At least one officer with a prior history of violence can be identified in the arrest footage: Isaac Ibarra, who helped with the arrest and helped prepare the restraint device for Freddie Washington. Ibarra was one of the officers who killed unarmed 31-year-old Noe Rodriguez in 2024, shooting him 11 times and lying about what Rodriguez was doing before the shooting.

In Santa Ana Jail the day after Freddie Washington’s arrest, he fainted and officers placed him on his side. When Washington woke and flailed his legs, police violently pinned him to the tile floor with their knees for almost four minutes. Washington was tied down to a restraint chair, hooded with a spit mask and put back in a cell. Public Information Officer Natalie Garcia said that “at some point, jail staff determined the suspect did not appear to be breathing.” He was taken to the hospital and pronounced dead.

As of Tuesday June 16, SAPD Records Division deleted public messages from the website, but CSO OC members preserved these records beforehand.

Meanwhile, the family of Freddie Washington has been left in the dark. Washington’s sister, Moesha Hightower, described him as “a country boy from Aitken, South Carolina who loved to cook, to travel, and to take care of his daughter.” In fact, SAPD incorrectly stated Washington was from Ventura County when he was in California to fight for custody of his daughter.

Washington’s mother, Beatrice Hightower, said he was “a family man and an honest child who helped Beatrice and his sisters.” She misses him bitterly and said she had to bury Washington on his birthday. Washington’s family demands justice for his death and for the officers involved to be held accountable.

Six years since the racist killing of George Floyd by killer cop Derek Chauvin, the brutality of Washington’s arrest and death by SAPD speaks for itself. This was another racist killing, and SAPD cannot be trusted to carry out investigations into their own officers.

This is why CSO OC fights for community control of the police. The public has a basic right to decide on police matters where they live, including how in-custody deaths are investigated and how police are held accountable for acts of brutality.

#SantaAnaCA #CA #OrangeCounty #FreddieWashington #InjusticeSystem #PoliceAccountability #CSO #CSOOC #Featured

Anaheim, CA – Rosie Camacho se acercó al podio del Ayuntamiento de Anaheim el 21 de abril, apretando contra su pecho una muñeca tejida. Camacho era la madre de Albert Arzola, y la muñeca simbolizaba el espíritu de su hijo.

Camacho dijo, “El 6 de diciembre nunca volverá a ser lo mismo. ¡Las personas que se suponía que debían cuidar de él lo asesinaron! ¡Asesinaron a mi hijo, justo delante de mis ojos! ¿Y quieres que confíe en ellos?”

Camacho continuó, “¡Necesito saber quién disparó a mi hijo! Apuesto a que sigue en el departamento de policía haciendo su trabajo, intentando matar a la siguiente persona.”

Doce miembros de la familia de Albert, junto con miembros de la Organización de Servicio Comunitarios del Condado de Orange (CSO OC), exigieron justicia ante el Concejo Municipal de Anaheim. En una victoria para la familia, y tras meses de presión pública, al final de la sesión del consejo, la alcaldesa Ashleigh Aitken anunció que se había revelado el nombre del policía asesino a los abogados de la familia Arzola. Aitken también pidió al abogado municipal Robert Fabela que informara sobre los avances en la publicación del informe de la autopsia. La lucha por otras demandas continúa, incluyendo la divulgación pública del nombre del policía asesino, su despido del Departamento y más.

Grace Arzola, tía de Albert Arzola, dijo, “Albert fue asesinado a las 9:32 PM. Como residente de toda la vida de Anaheim, el domingo estaba aquí y se estaban disparando los fuegos artificiales de Disney. Me di cuenta de que mi sobrino estaba sentado en el suelo, perdiendo la vida, y a menos de una milla de distancia, ustedes tenían fuegos artificiales. La diferencia que supone menos de una milla en la forma en que nos tratan.”

Adlai Carrillo dijo que la noche en que Albert fue asesinado por la policía de Anaheim, nadie llamó a la policía. Los agentes que mataron a Albert se encontraban en una de las llamadas “patrullas de represión de pandillas”. Carrillo dijo, “Todos sabemos en qué se han convertido estas patrullas: una herramienta utilizada para perseguir, discriminar y acosar a personas de comunidades desfavorecidas bajo la etiqueta de ‘vigilancia proactiva’. Y por eso, los oficiales ‘entraron en contacto’ con Albert sin ninguna razón legítima”. Carrillo dijo, “¿Por qué su oficial saltó de su auto con el arma ya desenfundada? ¿Con el dedo ya en el disparador, listo para disparar antes de evaluar cualquier cosa?”

Grace Arzola explicó cómo el segundo oficial que emboscó a Albert esa noche nunca activó su cámara corporal. Ella dijo, “Si todavía está en el departamento y trabajando, ¿por qué no lo han despedido? Eso es algo crucial. Por eso les dieron esas cámaras: para mostrar la transparencia de todo el incidente. Pero en el momento más importante, cuando le quitas la vida a alguien, ¿su cámara estaba apagada? ¿Y ahora quieren ponernos bajo vigilancia? ¡Esto es una broma!”

Arzola se refería a la decisión del Concejo Municipal de aprobar la instalación de equipos de lectura automática de placas. Esta tecnología se promociona como una forma de reducir la delincuencia, pero en realidad se utiliza para vigilar a la población y, en ciudades de todo el país, los datos se han compartido con agencias federales como ICE. Más tarde esa misma noche, el Concejo Municipal de Anaheim votó por unanimidad a favor de aprobar la instalación de los equipos, con un costo de $736,344 dólares, a pesar de las protestas del público.

Marie Flores Cofinco conectó el pasado con el presente cuando habló sobre el asesinato de Fermín Vincent Valenzuela a manos de la policía de Anaheim en 2016. “Estoy aquí para recordar a la ciudad de Anaheim, para recordar a los concejales y a la alcaldesa el asesinato de mi sobrino: Fermín Vincent Valenzuela. El 2 de julio de 2016, el agente Daniel Wolfe estranguló a mi sobrino hasta matarlo con la ayuda del agente Woojin Jun, bajo la supervisión del sargento Daniel González.” Cofinco dijo, “El sargento González supervisó y dio instrucciones a Daniel Wolfe diciéndole ‘Mantén ese estrangulamiento. Mantén ese estrangulamiento. Mantén ese estrangulamiento.’”

Según Cofinco, durante el juicio, entre 40 y 50 agentes de policía de Anaheim uniformados entraron en la sala del tribunal con la intención de intimidar a la familia de Valenzuela. Pero al final, la ciudad se vio obligada a pagar $13.2 millones de dólares a los hijos de Valenzuela.

David Pulido, miembro de CSO, dijo, “Están ocultando la identidad del asesino de Albert. Están ocultando el hecho de que la policía de Anaheim está llena de asesinos. El oficial que mató a Marcel Ceja en 2011 sigue en el departamento. Se llama David García. Los oficiales que mataron a Fermín Vincent Valenzuela siguen en el departamento. Se llaman Woojin Jun y Daniel Wolfe. El oficial que mató a Joel Acevedo en 2012 y a César Cruz en 2009 sigue en el departamento. Se llama Kelly Phillips. Lo sé porque CSO consiguió recientemente las listas actualizadas de la policía de Anaheim”.

Pearl Arzola, hermana de Albert, señaló que la ciudad intentó ocultar el nombre del agente alegando amenazas sin fundamento contra la vida del policía asesino. Ella dijo, “¿Cómo es que los estamos amenazando? Lo único que exigimos es justicia. ¡La justicia para mi hermano no es una amenaza! Ustedes tienen armas. ¡Nosotros no tenemos armas!”

Pulido concluyó su comentario diciendo, “Durante décadas, Anaheim y su policía se han interpuesto en el camino de la justicia para las familias. Por eso CSO lucha por el control comunitario de la policía. Tenemos que construir nuestro propio poder para hacer que la policía rinda cuentas. Su Junta de Revisión Policial fue un comienzo, pero no fue lo suficientemente lejos. Necesitamos una comisión elegida democráticamente con el poder de disciplinar y despedir a los policías asesinos. ¡Justicia para Albert Arzola! ¡Justicia para Fermín Vincent Valenzuela! ¡Justicia para Joey Acevedo!”

#AnaheimCA #CA #OC #OrangeCounty #AlbertArzola #InjusticeSystem #OppressedNationalities

Anaheim, CA – On May 5, Community Service Organization (CSO OC) along with the family of Albert Arzola mobilized to Anaheim City Council to demand that killer cop Nathan Garcia be fired from Anaheim Police Department. When the family and CSO OC arrived, they came with signs that read “Fire killer cop Nathan Garcia.” The city council was visibly shaken and rattled by the signs.

Pearl Arzola opened her comment with, “It has been five months, and you have not given us anything but a name, but that name is still patrolling our neighborhood. Officer Garcia is not a part of a gang unit, so why is he allowed to patrol in an unmarked car terrorizing the whole community?” Arzola followed with “I get really bad anxiety attacks and so does my sister in-law, and you guys just continue to not care. You guys continue to pay this person. You need to fire him immediately.”

Arzola, who works in healthcare talked about the night of Albert’s murder, “If I would’ve done any necessary measures I could’ve saved my brother’s life, but I couldn’t because your officer was pointing a gun at me saying get the fuck inside.”

Pearl’s comment set the tone. The Arzola family, CSO OC members, and other city council attendees chanted “Fire him! Fire him!” and “Fire Nathan Garcia!”. The crowd was very emotional and angry all night.

Leslie Lopez, a cousin of Albert Arzola, called out a city council member by saying, “Norma [Campos Kurtz] isn’t here, but I wanted to congratulate her because she still has a killer cop working within her district. We know this because we saw him. About a month ago he was at a raid within the same neighborhood where the officers were high-fiving him like it was a celebration that he was back. There is nothing to celebrate.”

Lopez continued, speaking about the night of Albert’s murder. “Matt Sutter, the public information officer stated there were 12 people detained. I want to show you the 12 people detained.” Lopez then proceeded to show images on her iPad, many of whom were children. On the live video, the city officials turned the camera away from Leslie in an attempt to hide information. Leslie then followed with “Statements were made that night. When the officers needed to move Albert they said, ‘let's drag his ass.’”

Throughout the whole night, the Arzola family yelled “Shame!” and rang bells to create noise and disruption. The noise fell on heartless ears, as did the very emotionally heavy comments of the family.

Grace Arzola stated “It’s Cinco De Mayo and I want to share a song that reminds me of my nephew. I actually listen to this song every day on my way to work. It says that when two souls truly love each other, no matter how far apart they are they will never stop loving one another. That's why, beautiful sky when I die, don’t stop loving me.” Grace continued “I will never stop loving my nephew. Until the minute I stop taking my last breath I will miss him dearly.” Grace's comment moved everyone in that room. She said it with tears in her eyes and every person felt it.

She followed her comment with “I’m not sure if you guys read the LA Times report, but Nathan Garcia had a previous incident of excessive force with a 14-year-old. If the kid’s parents had done what Nathan Garcia did, the kid would be in foster care. He profiles young Chicano males. If officer Garcia had been held accountable for that incident then my nephew would still be alive.”

David Pulido, a CSO OC member, went into further detail. “On June 27, 2024 Nathan Garcia and his partner brutally arrested an unarmed 14-year-old Chicano. They drove their knees into his back, fractured a rib, and kicked him in the genitals.” Pulido continued with “This is why we fight for community control of the police. We should have direct authority over the police and who is hired, fired and how they are disciplined.” Pulido brought a lot of anger and frustration with his comment, he continued by saying “We demand the public release of all body cam footage; we demand the release of the autopsy report, we demand that killer cop Nathan Garcia be fired!”

Donna Nelson, who’s 21-year-old son was murdered by Anaheim Police on July 22, 2012, stated, “12 months prior to the killing of my son, the Anaheim Police Department also killed David Raya, Marcel Ceja, Bernie Villegas, Rosco Cambridge, Martin Hernandez, Manuel Diaz. All within one year. In 2014 it started up again. I picture the bodies piled up here, and they kept piling, and more and more families kept coming here asking for change. We have all these layers of oversight that doesn’t do anything.” She continued, “In 2016 Gustavo Nejera was killed by officer German Alveraz who’s standing right by the door.”

After the comments ended, CSO OC members and friends and family of Albert Arzola confronted Alveraz who was standing outside the council chambers. David Pulido said this to him: “You killed a 22-year-old for what? For throwing sand?” A coworker of Albert said, “You're the only gang here, and can kill people and get away with it.” Alveraz didn’t have much to say, but he was visibly shaken. He showed no remorse for his killing of Gustavo.

Throughout the whole night, residents of Anaheim, and other impacted families alike spoke in support of the Arzola family's demand to fire Nathan Garcia from the force. The entire chamber erupted in chants, yelling at the council and Anaheim Police Chief Manny Cid to fire killer cop Nathan Garcia. Many attendees who were there for other reasons rallied behind the demands. The community’s anger and distrust and ion with Anaheim PD grows stronger by the day.

#AnaheimCA #CA #OC #OrangeCounty #CSOOC #AlbertArzola #InjusticeSystem #OppressedNationalities #KillerCop #NathanGarcia

Santa Ana, CA – On May 1, nearly 300 people packed into Sasscer Park for International Workers’ Day. The rally and march, which also commemorated the 20th anniversary of the immigrant mega marches, was organized by the Orange County May Day Coalition. The energy in the crowd grew as the emcee of the rally, Abe Quintana from Community Service Organization Orange County (CSO OC) led chants of “ICE out of Santa Ana! ICE out of OC!”

Michelle Ceballos from UAW started by emphasizing “the wealthy have extracted more and more profit from us, kept our wages low, raised prices, and bought out our politicians! It doesn’t have to be this way! May Day reminds us that when we fight, we win!”

Speaking on the immigrant mega marches 20 years ago Ceballos added, “In 2006, on a Day Without an Immigrant, millions hit the streets to defeat an anti-immigrant law, and won. In January, hundreds of thousands across the U.S. shut it down, to get ICE to back off. Today, people joined the call to shut it down again, to keep building momentum for a mass movement!”

Erika Armenta, the wife of Noe Rodriguez, a man who was killed by Santa Ana Police Department (SAPD) is also a member of CSO OC. Armenta told the crowd, “We need community control of the police to ensure that officers who have taken the lives of our loved ones face consequences-specifically, that they be fired and subsequently imprisoned. They must be held accountable for the lives they have unjustly snatched away!”

Armenta also spoke of CSO OC’s fight for immigrant rights, “Our Immigration Committee works with the working-class immigrants of the Coach Royal mobile home park who are fighting unjust evictions and abuse from Kingsley Management Corporation.”

Hussein Imreish from the Palestinian Youth Movement said,“ For the past two years we have seen how essential the labor movement is for Palestine. Through our campaigns such as Mask of Maersk and the Peoples Arms Embargo we have connected with principled and dedicated workers who reject the imperialist forces inflicting violence and exploiting our people.”

Diana Terreros from Freedom Road Socialist Organization Orange County (FRSO OC) kicked off her speech by saying, “Immigrants are super exploited to increase the profits of the billionaires.” Terreros spoke about the local example of Kingsley. “They do illegal terrible things to the residents all for profit and then count on the residents being too afraid to fight back due to their status. They have even threatened to call ICE on them! Shame!” Terreros finished with a call to action by saying, “We are an organization of fighters working shoulder to shoulder with the working class and have a real strategy to build a united front against these capitalists and you should join us in this fight!”

Gaby Hernandez from Chicanos Unidos stated, “We have worked heavily and led the campaign against gang injunctions. Gang injunctions create prisons in our communities without walls.” Hernandez added that “We started fighting against injunctions in 2006 and just a few months ago we were able to shut down injunctions here in Orange County!”

At the height of the rally, the large crowd started marching. The protesters stopped traffic, fully taking over the road, chanting “ICE out of OC!”, “Donald Trump, let’s be clear! Immigrants are welcome here!” and “Jail killer cops!” throughout downtown as the crowd filled the busy streets.

The crowd held up signs saying “No Ice! Stop the deportations,” “Workers Forever, CEOs never” and “Fight for workers' and immigrants’ rights” while passing cars gave honks of support.

While marching, David Pulido, a member of FRSO OC and a chant leader for the march, brought attention to the parking lot where 73-year-old Miguel Chavez was brutally arrested by the SAPD in 2022. “They shot him with less-lethal rounds and sicced a K-9 dog at him! He later died from his wounds!” This started powerful chants of “Justice for Miguel Chavez!” and “Jail killer cops!”

This OC May Day coalition was comprised of and included organizers from CSO OC, OC DSA, FRSO OC, UAW, Harbor Institute, El Centro Cultural de Mexico, Code Pink OC, OC Peace Coalition, CHIRLA, Orange County Banner Drop, OC Mutual Aid, Chicanos Unidos, Palestinian Youth Movement Orange County Environmental Justice, General Strike US, Nuestras Manos, Santa Ana Lucha, Santa Ana Active Streets, Save Orange Hills, Green Party of OC, Union de Barrio, VietRISE and Climate Action Campaign and.

#SantaAnaCA #CA #OC #OrangeCounty #MayDay #InternationalWorkersDay #ImmigrantRights #Labor #CSOOC

Santa Ana, CA – El martes 21 de abril, los residentes del parque de casas móviles Coach Royal exigieron que Kingsley Management Corporation se retire de su parque. La Organización de Servicio Comunitario del Condado de Orange (CSO OC) se unió a ellos para exigir que el Concejo Municipal intervenga ante años de acoso, desalojos injustos, robo de viviendas e intimidación por parte de la corporación. Este abuso resultó en el suicidio de la residente María Pedraza, cuya vivienda estaba en proceso de serle arrebatada después de años de sacrificios para comprarla.

Karla Alvarado, una de las residentes a quien le robaron su vivienda, declaró: “La ciudad de Santa Ana ya se ha reunido con 45 residentes que pueden dar testimonio de esto. 45 residentes y contando. Hemos hablado con personas de múltiples parques. Las historias son iguales, las tácticas son iguales y los resultados también. Esa es la definición de un problema sistémico.”

Lupe Barragán, residente y organizadora, miró y señaló directamente a cada miembro del concejo mientras hablaba. “¡Necesitan responder! Phil Bacerra, tú trataste de intimidarnos cuando fuimos a tu oficina. Tú, Jonathan Hernández, necesitamos que nos respondas también. Fuiste y nos apoyaste, y necesitamos más de tu apoyo. City Manager, necesitamos de tu ayuda. Valerie Amezcua, sé que mi presencia no te agrada, pero nos dijiste que ibas a sacar las armas grandes. ¡Te estamos esperando!” Mientras se retiraba, la alcaldesa Amezcua se río de ella. Barragán se dio la vuelta, señaló a Amezcua y la reprendió por su falta de respeto.

Sylvia Ayala, otra residente, le dijo al consejo: “Tengo 40 años aquí y nunca he recibido alguna ayuda de ustedes. Porque ustedes no se preocupan por el pueblo; ustedes se preocupan por ustedes mismos. Trabajan, ciertamente. Pero nosotros tenemos que trabajar todavía más que ustedes. Las humillaciones que nos hacen los que tienen dinero no son justas.”

Mientras los residentes hablaban, miembros de CSO OC y residentes desplegaron una pancarta que decía: “¡Kingsley fuera!”. La cámara comenzó a cambiar de ángulo con frecuencia para evitar mostrar la pancarta en la pantalla. En un momento dado, cuatro agentes de la policía de Santa Ana se acercaron a los organizadores y les indicaron que debían trasladarse a la parte trasera si iban a sostener una pancarta, a pesar de que nadie se había quejado de tener la visibilidad obstruida.

Cuando Rain Mendoza, de CSO OC, subió para hablar durante el turno de comentarios públicos, primero alzó la pancarta y le dijo al consejo que la mirara y la mostrara ante las cámaras.

Mendoza respondió a la frecuente postura del consejo de que no pueden hacer nada porque el parque es propiedad privada, diciendo: “Ustedes demandaron a El Centro Cultural de México, un pilar de esta comunidad, para así poder utilizar a sus policías para tirar a la basura las pertenencias de las personas sin hogar y expulsarlas de un lugar donde los propietarios privados les habían permitido permanecer. Entonces, ¿pueden hacer todo eso y utilizar los tribunales, la policía y todos sus recursos para aterrorizar a una comunidad sumamente vulnerable, pero no pueden mover un solo dedo cuando hay una empresa que opera en Santa Ana y que actúa como una banda de matones? ¡Debería darles vergüenza!”

Diana Terreros, de CSO OC, recordó al consejo que los residentes de Coach Royal son, en su mayoría, inmigrantes de clase trabajadora quienes sus hogares constituyen su refugio durante la administración Trump. Terreros declaró: “Las acciones de Kingsley van en contra del espíritu de toda la ordenanza de ciudad santuario. Están explotando el miedo de los inmigrantes en Santa Ana. Esperan que ese miedo sea suficiente para obligar a los residentes a mantener la cabeza baja y la boca cerrada. Están explotando a esta comunidad y su temor para aumentar sus ganancias, robándoles sus hogares. Se trata de una corporación multimillonaria de Utah. ¿Por qué permitimos que exploten a Santa Ana de esta manera?”

Otro miembro de CSO OC resumió los cientos de miles de dólares que los grupos que representan a los propietarios de parques de casas móviles han donado en contra de la campaña a favor de la Ordenanza de Estabilización de Alquileres y Desalojo por Causa Justa, la cual fue aprobada en octubre de 2021. También han realizado donaciones a las campañas de los miembros del concejo. Él preguntó a los concejales: “¿Es esto lo que influye en sus frecuentes respuestas de que no hay nada que puedan hacer para hacer cumplir la ley ante lo que ustedes saben que son actos injustos e ilegales cometidos por Kingsley contra los residentes de Coach Royal?”

#SantaAnaCA #CA #PeoplesStruggles #KingsleyCorporation #CoachRoyal #OrangeCounty #CSOOC

Anaheim, CA – Rosie Camacho approached the Anaheim City Council podium, April 21, clutching a woven doll to her chest. Camacho was Albert Arzola’s mother, and the doll symbolized the spirit of her son.

Camacho said, “December 6 will never be the same. The people that were supposed to take care of him murdered him! They murdered my son, right in front of my eyes! And you want me to trust them?”

Camacho continued, “I need to know who shot my son! I bet you he’s still on the police force doing his job, trying to kill the next person.”

Twelve members of Albert’s family, along with members of Community Service Organization Orange County (CSO OC), demanded justice at Anaheim City Council. In a victory for the family, and after months of public pressure, by the end of the council meeting Mayor Ashleigh Aitken announced that the killer cop’s name was released to the Arzola family’s attorneys. Aitken also asked City Attorney Robert Fabela for progress on the release of the autopsy report. The struggle for other demands continues, including the public release of the killer cop’s name, his firing from the Department, and more.

Grace Arzola, aunt of Albert Arzola, said, “Albert was killed at 9:32 p.m. As a lifetime resident of Anaheim, on Sunday, I was here and the Disney fireworks were going off. It dawned on me that my nephew sat on the ground, losing his life, and less than a mile away, you guys had fireworks. The comparison that less than a mile makes in the way we get treated.”

Adlai Carrillo said that the night Albert was killed by Anaheim PD, no one called for police. The officers who killed Albert were on a so-called “gang suppression patrol.” Carrillo said, “We all know what these patrols have become: a tool used to target, discriminate against, and harass people in underserved communities under the label of ‘proactive policing’. And because of that, officers ‘made contact’ with Albert without any legitimate reason.” Carrillo said, “Why did your officer jump out of his car with his gun already drawn? Finger already on the trigger, ready to fire before assessing anything?”

Grace Arzola explained how the second officer who ambushed Albert that night never activated his body camera. She said, “If he’s still on the force and working, why hasn’t he been fired? That is something so crucial. That’s why you guys gave them those cameras: to show the transparency of the whole incident. But in the most important moment, when you take someone’s life away, his camera was off? And now you guys wanna put us under surveillance? This is a joke!”

Arzola was referring to a city council decision to approve automatic license plate reader equipment. This technology is marketed as a way to reduce crime, but in reality it is used to surveil the public and in cities across the country, data has been shared with federal agencies like ICE. Later that night, Anaheim City Council unanimously voted to approve the equipment at the cost of $736,344, despite public outcry.

Marie Flores Cofinco connected past to present when she spoke on the 2016 Anaheim PD killing of Fermin Vincent Valenzuela. “I am here to remind the city of Anaheim, to remind the councilmembers and the mayor of the murder of my nephew: Fermin Vincent Valenzuela. On July 2, 2016, officer Daniel Wolfe strangled my nephew to death with the help of officer Woojin Jun, under the supervision of Sergeant Daniel Gonzalez.” Cofinco said, “Sergeant Gonzalez supervised and gave instructions to Daniel Wolfe telling him to ‘Hold that choke. Hold that choke. Hold that choke.’”

According to Cofinco, during the trial, about 40 to 50 uniformed Anaheim police officers entered the courtroom in an attempt to intimidate Valenzuela’s family. But in the end the city was forced to pay $13.2 million to Valenzuela’s children.

CSO member David Pulido said, “You are hiding the identity of Albert’s killer. You are hiding the fact that Anaheim PD is filled with killers. The officer who killed Marcel Ceja in 2011 is still on the force. His name is David Garcia. The officers who killed Fermin Vincent Valenzuela are still on the force. Their names are Woojin Jun and Daniel Wolfe. The officer who killed Joel Acevedo in 2012 and Caesar Cruz in 2009 is still on the force. His name is Kelly Phillips. I know this because CSO recently secured the updated rosters for Anaheim PD.”

Pearl Arzola, Albert’s sister, brought up the fact that the city tried to hide the officer’s name by claiming unproven threats to the killer cop’s life. She said, “How are we threatening you guys? All we are demanding is justice. Justice for my brother is not a threat! You guys have guns. We don’t have guns!”

Pulido concluded his comment saying, “For decades Anaheim and its police have stood in the way of justice for families. That is why CSO fights for community control of the police. We have to build our own power to hold police accountable. Your Police Review Board was a start but it didn’t go far enough. We need a democratically elected commission with the power to discipline and fire killer cops. Justice for Albert Arzola! Justice for Fermin Vincent Valenzuela! Justice for Joey Acevedo!”

#AnaheimCA #CA #OrangeCounty #CSOOC #AlbertArzola #InjusticeSystem #KillerCop

Santa Ana, CA – On Tuesday, April 21, residents of Coach Royal mobile home park demanded Kingsley Management Corporation get out of their park. Community Service Organization Orange County (CSO OC) joined them to demand the city council intervene against years of harassment, unjust evictions, home theft, and intimidation by the corporation. The abuse resulted in the suicide of resident Maria Pedraza, whose home was in the process of being taken after years of sacrificing to purchase it.

Karla Alvarado, one of the residents whose home was stolen, stated: “The city of Santa Ana has already met with 45 residents who can testify to this. 45 residents and counting. We have spoken to people across multiple parks. The stories are consistent, the tactics are consistent, and the outcomes as well. That is the definition of a systemic issue.”

Lupe Barragan, a resident and organizer, looked at and pointed directly at each council member as she spoke. “You need to respond! Phil Bacerra, you tried to intimidate us when we came to your office. You, Jonathan Hernandez, we need you to respond to us too. You came to support us and we need more of that. City manager, we need your help. Valerie Amezcua, I know my presence doesn’t please you, but you told us you were going to get out the big guns. We are waiting for you!” As she walked away, Mayor Amezcua laughed at her. Barragan turned around, pointed at Amezcua and scolded her for being disrespectful.

Sylvia Ayala, another resident, told the council, “I’ve lived here for 40 years and I’ve never gotten any help from you. Because you don’t care about the people; you only look out for yourselves. You work, but we have to work more than you. The humiliation that people with money have done to us is not fair.”

While the residents spoke, CSO OC and residents unfurled a banner reading “Kingsley fuera!” The camera began frequently changing angles to avoid showing the banner on screen. At one point, four Santa Ana Police Officers approached the organizers and told them they must move to the back if they are going to hold a banner, despite nobody complaining about an obstructed view.

When Rain Mendoza of CSO OC went up to make public comment, she first held up the banner and told the council to look at it and show it on camera.

Mendoza responded to the council’s frequent response that they cannot do anything because the park is private property, stating, “You sued El Centro Cultural de Mexico, a pillar in this community, so you can use your cops to toss homeless people’s belongings in the trash and push them out of a place where they were allowed to stay by the private property owners. So, you can do all that and use the courts, the police, and all your resources to terrorize a very vulnerable community, but you can’t lift a finger when there is a company that operates in Santa Ana that acts like thugs? Shame on you!”

Diana Terreros of CSO OC reminded the council that the residents of Coach Royal are mainly working-class immigrants whose homes are their refuge during the Trump administration. Terreros stated, “Kingsley’s actions go against the spirit of the entire sanctuary city ordinance. They are exploiting the fear of the immigrant population in Santa Ana. They are hoping the fear will be enough to force the residents to keep their heads down and their mouths shut. They are exploiting this community and their fear to increase their profits by stealing their homes. This is a multi-million dollar corporation from Utah. Why are we allowing them to exploit Santa Ana like this?”

Another member of CSO OC summarized the hundreds of thousands of dollars that groups representing mobile home park owners have donated against the campaign for the Rent Stabilization and Just Cause Eviction Ordinance that was passed in October of 2021. They have also donated to council member’s campaigns. He asked council members, “Is this what’s influencing your frequent responses that there is nothing you can do to enforce what you know is unjust and illegal acts by Kingsley against the Coach Royal residents?”

#SantaAnaCA #CA #CSO #OC #OrangeCounty #PeoplesStruggles #CoachRoyal #Eviction #Featured