Los Angeles, CA – El 29 de julio, el gobierno federal proclamó que los cargos de conspiración contra el activista Chicano Alejandro Orellana fueron retirados – una victoria para el Centro CSO y todos los luchadores por libertad en el movimiento de derechos de inmigrantes peleando contra la violencia de ICE.

El 12 de junio, el FBI, la Guardia Nacional, y la Estación del Sheriff de LA del Este asaltaron la casa de Orellana. Detuvieron a Orellana, destruyeron su casa familiar, y lo encarcelaron en el Centro de Detención Metropolitano que ha sido la ubicación de muchas manifestaciones contra la deportación. El Departamento de Justicia lo acusaron de conspiración de cometer desorden civil y ayudar e instigar desorden civil, que podría haber resultado en una sentencia de cinco años en prisión para Orellana.

Después de siete semanas de luchar en una campaña nacional, Centro CSO se mantuvo firme y luchó contra las probabilidades contra la represión política y la intimidación y tuvo éxito. El Abogado de los EEUU Bill Essayli – mano derecha de Trump – se rindió a la presión y se dio cuenta que no ganaría el caso. Como notaron los apoyadores de Orallana en las acciones en todo el país, redistribuir escudos facial y botellas de agua no es un crimen.

La campaña consistió en días nacionales de acción exigiendo que el Abogado de los EEUU Bill Essayli retire los cargos a Alejando. Los aliados en todas partes del país publicaron declaraciones de apoyo, manifestaron en las calles, prepararon videos de apoyo, escribieron cartas y llenaron las líneas de teléfono para instar a Essayli que retire los cargos fabricados. CSO hizo un impacto y llenó la sala de tribunal con apoyadores durante las audiencias de Orellana.

Con su audiencia, Orellana y el Centro CSO lo hizo claro que es muy bien hecho rebelarse contra las injusticias crueles contra la Raza.

“Protestar no es un crimen,” dijo Orellana como respuesta cuando el gobierno retiró los cargos. “Proteger la comunidad no es un crimen. La razón por la cual ganamos es porque estamos en el lado correcto de la historia y nuestra causa es justa.”

Los ataques a las personas no documentadas todavía aumentan en su número y ferocidad, mientras el proyecto de ley de Trump desastroso proporcionará miles de millones de dólares al presupuesto de ICE para alcanzar las cuotas de deportación por secuestrar a gente inocente de las calles y los sitios de trabajo. El Agente Principal de la Patrulla Fronteriza de California Gregory Bovino ve a todas las personas no documentadas como criminales que deben ser recogidos en campos de concentración como intenta a penalizar a cada quien se pone contra los raptos cometidos por policías federales.

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Aurora, CO – El 8 de mayo, organizadores, familiares y apoyadores de la comunidad se reunieron afuera del Centro de Procesamiento de ICE del Grupo GEO en Aurora para una conferencia de prensa donde compartieron actualizaciones sobre la audiencia de asilo de Carla Medina, realizada más temprano ese día. La conferencia de prensa, organizada por Aurora Unidos CSO y el Comité de Servicio de los Amigos Americanos (AFSC), forma parte de un movimiento creciente para liberar a los prisioneros políticos detenidos en el complejo de detención de GEO en Aurora.

Medina, una madre de dos, fue arrestada por ICE el octubre pasado mientras entregaba comida para DoorDash en la Base de Fuerza Espacial Buckley. Ella tenía un permiso de trabajo vigente y estaba en la mitad del proceso de asilo legal después de entrar a los Estados Unidos a través de la app CBP One, un sistema dirigido por el gobierno promocionado como una vía legal hacia la seguridad. Ella ahora lleva siete meses dentro del complejo de detención de GEO y no pudo obtener su libertad bajo fianza después de ser clasificada como “extranjera llegando.”

En una importante victoria legal, el asilo de Medina fue concedido. Sin embargo, el gobierno todavía tiene 30 días para apelar la decisión basándose en una cuestión pendiente – si hubo “circunstancias extraordinarias” que retrasaron su solicitud de asilo más de la fecha límite de un año.

Esta victoria es el resultado de incansable organización de base. Vigiles semanales para la organizadora comunitaria Jeanette Vizguerra, en el mismo complejo, se convirtieron en plataforma para compartir la historia de Medina y conseguir apoyo. El esposo de Madina, Pablo, quien hablaba regularmente en las vigilias, enfatizó que la presión de la comunidad tuvo un papel clave en el resultado. En menos de un mes, los apoyadores recaudaron casi $10,000 para la defensa legal de Medina.

“Esta victoria no habría sido posible sin la fuerza y el apoyo de la comunidad,” dijo Pablo, “No es solo un triunfo para Carla, es un triunfo para la comunidad. Tenemos que seguir luchando hasta que cada persona dentro de este complejo esté libre.”

El evento concluyó con una llamada a la acción y un recuerdo que la victoria de la lucha queda a lo lejos. Como proclamó Alfredo Carbajal de Aurora Unidos CSO, “Esto muestra que cuando luchamos, ganamos. Pero no termina aquí; debemos de mantener la presión y continuar exigiendo la libertad de todos que quedan detenidos.”

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Jacksonville, FL – Cientos de personas se presentaron en el rincón de Southside y Beach Boulevards, un centro vital de la comunidad inmigrante de Jacksonville, sábado, el 26 de abril, respondiendo la llamada a acción de la Alianza de Derechos de Inmigrantes de Jacksonville (JIRA) y una coalición de organizaciones religiosas y de base.

Estando de pie ante un mar de pancartas pintadas a mano y las multitudes que coreaban, Vanessa Alvarez de JIRA inició la manifestación declarando, “Nuestras comunidades están bajo ataque.”

“Ahora mismo, mientras hablamos, ICE está separando familias,” dijo Alvarez. “Pero nosotros estamos aquí para decir ya basta. Ni una deportación más. Ni una familia más destruida. No más negocio como siempre mientras nuestra gente sufre.”

La manifestación se centró sobre tres exigencias urgentes: un alto inmediato a todas las deportaciones, justicia para Kilmar Abrego Garcia y todos los inmigrantes enfrentados con detención y exilio, y un fin a la colaboración entre la policía local y ICE.

Representantes de grupos como la Iglesia Riverside, el Comité de Acción Comunitaria de Jacksonville, Ascendente Florida, los Estudiantes por una Sociedad Democrática, la Red de Solidaridad de Palestina Jacksonville, y otros se dirigieron a la multitud.

Los voceros expusieron la violencia detrás de los titulares, explicando que las deportaciones no son procesos burocráticos, son actos de terror estatal. Cada día, agentes de ICE sacan violentamente a la gente de sus casas, sitios de trabajo y escuelas, comúnmente basados en pretextos endebles o del perfil racial.

Bajo la administración actual del presidente Donald Trump, las redadas han aumentado dramáticamente, deteniendo a solicitantes de asilo, estudiantes, veteranos y hasta ciudadanos estadounidenses como Juan Carlos Lopez-Gomez de 20 años, encarcelado erróneamente en Tallahassee a pesar de presentar su certificado de nacimiento en el corte.

Hablando de Lopez-Gomez, Monica Martinez, otra organizadora con JIRA, declaró, “Solo por su nombre, solo por su apariencia, solo por el simple hecho de vivir.”

Una figura central destacada durante la manifestación fue Kilmar Abrego Garcia, un joven deportado a la prisión de mala fama CECOT de El Salvador a resultado de las falsas acusaciones de “afiliación a pandillas” por ICE, un cargo falsificado rutinariamente utilizado como arma legal contra los inmigrantes negros y morenos.

La historia de Abrego-Garcia, con todas las de otros inmigrantes criminalizados y activistas como Mahmoud Khalil, sirven como recuerdo escalofriante de que el sistema de inmigración de los E.E.U.U. no funciona para proteger a nadie, sino para desaparecer a los que los considera desechables.

La manifestación reveló cómo los esfuerzos legales de Jacksonville alimentan la red de deportación tras los acuerdos 287(g) – programas que usan la policía local para ejecutar las leyes federales de inmigración. De las calles de la ciudad a los campos de universidad como la Universidad de Florida del Norte, los policías ahora usan infracciones como las luces traseras rotas o infracciones de estacionamiento para dirigir a los inmigrantes hacia la detención. Activistas criticaron la Oficina de Sheriff de Jacksonville por su presupuesto de $630 millones y denunciaron el pasar de Ordenanza 2025-0174 por el consejo municipal, la cual es una ley draconiana que criminaliza la existencia de las personas no documentadas con la imposición de una sentencia de 60 días en la cárcel para “extranjeros no autorizados” y manda que la policía colabore con ICE midiendo escaneadores de huellas digitales móviles.

La ordenanza, urgida por consejero Kevin Carrico y apoyada por la Oficina de Sheriff de Jacksonville, efectivamente empodera a los policias locales como agentes de inmigración, incentivando el perfil racial mientras desviando dinero de los pagadores de impuestos para suministrar herramientas de vigilancia ya usadas para perseguir las comunidades negras y morenas.

“Esto es porque es esencial que nos presentemos juntos. Cada atrocidad, y acto de opresión y tiranía, es una prueba para ver cuánto pueden apretar su puño sin retaliación,” dijo Gonzalo Kleinick de JIRA. “Juntos tenemos que estar de pie. Tenemos que apoyarnos el uno al otro.”

Mientras concluía la manifestación, la energía se mantuvo feroz y determinada. Los voceros instaron a la multitud a que sigan organizando, sigan resistiendo y sigan luchando por una ciudad donde los inmigrantes no sean perseguidos, sino celebrados.

JIRA y sus aliados les hicieron la llamada a todos de movilizar otra vez para el Dia Internacional de los Obreros – el 1 de mayo, a las 6:30 p.m., en el Corte del Condado Duval – para continuar la lucha contra las deportaciones y por la justicia para los inmigrantes.

“Quieren que tengamos miedo,” Álvarez dijo, para concluir. “Pero no tenemos miedo. Quieren que estemos callados. Pero somos ruidosos. Quieren que nos rindamos. Pero somos imparables.”

“El pueblo unido jamás será vencido,” gritó la multitud.

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